Selva Política

*Analizan Diputados Legislar Sobre el Trabajo de Encuestadoras y sus Ingresos

*Preparan Nuevas Reformas a la Ley Para Transparentar Presupuesto del INE

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, adelantó que presentará una iniciativa a fin de que las casas encuestadoras apliquen métodos de investigación y transparenten el ingreso de sus recursos y nombres de los clientes que solicitan el trabajo de opinión.

En un comunicado, referente a su programa digital “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador aseguró que es preocupante que estas empresas realicen encuestas, las publiquen en diarios importantes y, a partir de su difusión, incidan para que la gente no vaya a votar, porque dicen que es muy amplia la distancia entre los candidatos.

Por esta razón, las casas encuestadoras además de registrar la metodología del estudio, deberían dar los nombres de sus clientes recientes, de quienes les pagan.

Por ello, propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé seguimiento a estos ejercicios, contar con un “ranking” para conocer el grado de confiabilidad y cuántas fallan en las mediciones de intención de voto a una elección.

El líder congresista señaló que esto debe ir acompañado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del INE, porque es necesario tener conocimiento de cómo operan económicamente, quiénes pagan sus servicios, ya que, indicó, existe el riesgo de que se trate de “encuestadoras fantasmas”, que no tienen ni trabajadores.

Sostuvo que el ejemplo más reciente que da sustento para impulsar esta iniciativa, es el que ocurrió en las elecciones del Estado de México, donde 23 encuestadoras fallaron en sus porcentajes, donde algunas pronosticaban 15, 20 o más puntos de diferencia y al votar la diferencia fue de 8 por ciento entre el primero y segundo lugar, y sólo dos empresas estuvieron cerca de este puntaje.

Agregó que estos altos márgenes de error son un nuevo fraude electoral, como los ataques cibernéticos y la desinformación que tienen su mayor efecto en las redes sociales.

En otro tema, las diputadas federales Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) y Valeria Santiago Barrientos (PVEM) informaron que impulsan una iniciativa para fortalecer los mecanismos de protección de datos personales de la ciudadanía y la transparencia de los recursos públicos administrados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Mediante un comunicado indicaron que su propuesta busca reformar las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y General en Materia de Delitos Electorales.

Explicaron que la iniciativa busca normar el servicio de verificación de los datos de la credencial para votar, el cual es un instrumento promovido por el INE para que instituciones públicas y privadas realicen una confrontación de datos que les permita constatar la veracidad de la credencial presentada por parte de quienes busquen contratar un crédito, realizar trámites o la apertura de una cuenta bancaria, y prevenir fraudes.

Señalaron que la ausencia de una regulación sobre dicho servicio vulnera el derecho a la protección de datos de la ciudadanía y cuestionaron la falta de transparencia de los recursos recaudados por ese servicio, y que son administrados a través del fideicomiso denominado “Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral”.

Las legisladoras refirieron que, de acuerdo con la respuesta del INE a la solicitud de información 330031423000350, durante 2022 esta autoridad electoral facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas.

No obstante, añadieron únicamente se alcanzó una recaudación de 50 millones 325 mil 152 pesos con 67 centavos, a pesar de que debió recibirse ingresos superiores a los 224 millones, dado que el cobro unitario aproximado por verificación asciende a un peso; lo que representa un detrimento de casi 78 por ciento de ingresos por dicho concepto.

Las legisladoras evidenciaron la responsabilidad del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como del exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. “(…) podemos deducir que el servicio de verificación ha sido utilizado en total opacidad, al no contar con mecanismos establecidos en la ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y, en su caso, sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público”, apuntaron.

De esta forma, explicaron que el proyecto de decreto propone adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para definir qué es un servicio de verificación de los datos de la credencial para votar; el derecho de la ciudadanía a consentir y conocer sobre el uso y tratamiento de sus datos personales inscritos en el Registro Federal de Electores.

Así como la instrumentación del servicio de verificación por parte de la autoridad electoral, que incluye la prohibición de destinar cualquier cuota de recuperación a la constitución u operación de un fideicomiso.

En cuanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, detallaron que se busca establecer una pena de un año a siete años de prisión a quien, trate, altere, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentación que contenga datos personales, con el fin de alcanzar un lucro indebido.

De salida les informamos que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, instaló el Grupo de Trabajo que organizará el Parlamento Abierto para fortalecer el análisis de la iniciativa que reforma el artículo 123 constitucional, en materia de jornadas y descanso laboral.

Este Grupo de Trabajo estará integrado por las diputadas y diputados de Morena: Juan Ramiro Robledo Ruiz, Susana Prieto Terrazas, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Angélica Ivonne Cisneros Luján.

Del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala y Santiago Torreblanca Engell. Además, Tereso Medina Ramírez (PRI), Claudia Delgadillo González (PVEM), Margarita García García (PT), Sergio Barrera Sepúlveda (MC) y Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (PRD).

Al hacer uso de la palabra, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda (MC) destacó que esta iniciativa ha causado revuelo a nivel nacional en todos los términos. Se pronunció por ponderar el diálogo para analizar y sacar adelante la reforma, siempre beneficiando a las y los trabajadores, sindicatos y empresarios.

Del PRI, el diputado Tereso Medina Ramírez destacó que éste es un grupo plural de conocedores del derecho y de lo que se requiere para México, y dará rumbo y destino a una demanda añeja de las y los trabajadores. Hizo votos por que el próximo Parlamento Abierto tenga éxito, porque si ganan los trabajadores, gana México.

Por su parte, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN, mencionó que su grupo parlamentario velará por la búsqueda del bienestar de las familias mexicanas, para mejorar la calidad de vida, generar empleos que sean justos y dignos. Recordó que su postura en comisiones fue en abstención, porque su voto debe ser informado y después de escuchar todas las voces que se pronunciarán en este Parlamento Abierto.

Rugidos

Farmacia “El Milagro”

Bien podría llamarse “El Milagro”, el proyecto del presidente de México, Andrés López Obrador, de construir una Super Farmacia pública que atienda el más mínimo requerimiento en la demanda y abasto de cualquier medicamento que se requiera en algún sitio del territorio nacional.

A menos de un año de concluir su administración y pese a que a la reestructuración del sector de salud pública no se le ve ni pies, ni cabeza, el mandatario juega, provoca y alienta con el hecho de que nuestro país cuente con una Super Farmacia que atienda y cubra el grave problema de desabasto de medicamentos que a diario se vive en los hospitales del IMSS, ISSSTE y nosocomios públicos que conformarán el llamado IMSS-Bienestar.

Tarea y compromiso nada fácil. Diriamos reto desafiante y hasta provocador. Con anuncios como ese, el presidente López Obrador parece jugar con el dolor, necesidad y desesperanza de decenas de miles de pacientes que llegan y se encuentran internados en los hospitales y clínicas del sistema de salud pública.

La farmacia “El Milagro” tiene todo en contra para alcanzar su realización. El mandatario mexicano esbosó si acaso que se proyecta en “un gran terreno, ubicado posiblemente en el estado de México”. No más. Su deseo de llevar salud y bienestar a los mexicanos se encamina a quedar como otra promesa más.