Selva Política

*Recorte Presupuestal al Poder Judicial, Afectará la Vida Institucional del País

*Propondrán Endurecer Sanciones a Quien Conduzca Auto en Estado de Ebriedad

Frente al planteamiento de recortes presupuestales al Poder Judicial, el diputado Alan Castellanos Ramírez (PRI) señaló que éste es un paso más en el desmantelamiento de los pilares democráticos del país y se afectará las capacidades institucionales para reducir la impunidad.

En un comunicado, el legislador indicó que con la propuesta del Gobierno Federal y de Morena existiría una violación a la Constitución, por trasgredir la división de poderes y, con ello, la pérdida de vigencia del Estado democrático constitucional de derecho.

Explicó que el partido oficialista busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación argumentando que tienen opacidad, pero cuando se les cuestiona a donde los desean transferir los recursos, Morena no sabe a qué rubros o sectores destinarlos.

Además de que se plantea recortar entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2024, lo que podría ocasionar la inoperancia del sistema, pues entre 60 y 70 por ciento de sus órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales.

El diputado mexiquense expuso que este planteamiento es un intento de venganza y la única perjudicada será la ciudadanía que busca justicia.

En ese sentido, hizo un llamado a las y los diputados de todos los partidos a actuar con sensatez poniendo por delante los intereses y las necesidades de la ciudadanía.

“Si queremos que México y su impartición de justicia crezcan necesitamos que los tres poderes de la Unión se consoliden y robustezcan. Es mucho lo que está en juego, que no se olvide: no hay ni habrá 'transformación' si no hay justicia”, remarcó.

En otro tema, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto de establecer que conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o sustancias tóxicas serán causales de cancelación inmediata de las licencias federales.

El documento, que reforma los artículos 36 y 70 de dicho ordenamiento legal, también indica que el Reglamento de Tránsito establecerá las causas de suspensión o cancelación en los casos de hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico o de comunicación, salvo que lo haga con tecnología de manos libres, leer y/o enviar mensajes de texto por medio de cualquier tipo de dispositivo electrónico, o rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Asimismo, plantea que la Secretaría podrá autorizar a terceros el uso y/o la instalación de nuevas tecnologías para el control de velocidad, peso y dimensiones, conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes, para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metodología y Normalización.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis, expone que el objetivo es reducir la incidencia en los accidentes viales incorporando medidas preventivas. “Es necesario contar con controles más estrictos que se apeguen a las Normas Oficiales Mexicanas”.

Menciona que entre las consecuencias que dejan los percances están: la pérdida de la vida, lesiones, daños psicológicos, patrimoniales, materiales, a terceros y a la infraestructura carretera, así como económicos y legales de responsabilidad civil o penal.

Señala que con incorporar en la ley la posibilidad de autorizar a terceros el uso y/o instalación de nuevas tecnologías para medir el control de velocidad, peso y dimensiones, no se pretende prohibir el tránsito, más bien, se trata de regular y mejorar la convivencia y circulación de vehículos, procurando salvaguardar la integridad física de las personas y disminuir daños materiales, así como la conservación y protección de la infraestructura vial.

La propuesta de la diputada Luna Ayala considera que se tendrá que trabajar en conjunto con el sector empresarial, las instituciones correspondientes y los permisionarios del transporte público de carga federal, para mejorar la legislación en favor de las y los mexicanos.

De salida les informamos que con el fin de establecer prisión preventiva oficiosa en los casos del delito de extorsión y facultar al Congreso de la Unión a legislar y expedir una ley general en la materia que coadyuve a combatir y erradicar ese ilícito, el diputado José Antonio García García (Morena) presentó una iniciativa que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos extorsión, y faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, en materia de extorsión.

Refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la extorsión es un delito de alto impacto que consiste en que una persona, asociación u organización con ánimo de lucro (para sí o para un tercero), a través de engaños, amenazas y/o violencia, obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, a efecto de dañar su patrimonio y su esfera emocional.

Expone que, en México, el delito de extorsión ha sido un problema que ha causado graves afectaciones a la ciudadanía, siendo un ilícito que ha venido al alza.

Desafortunadamente, pese al esfuerzo y estrategia de seguridad del actual Gobierno Federal, este delito continúa siendo un problema que es necesario atender para inhibir su comisión.

De acuerdo con el estudio “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, cada día se registran 13 mil extorsiones.

García García relata que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se cometieron 4.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 56 por cada 100 mil habitantes.

El estudio señala que la extorsión se convirtió en el ilícito más frecuente en los estados de Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

En tanto, datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana revelan que el 51.2 por ciento de las empresas en el país ha sido víctima de un delito en el último año, siendo el de la extorsión el segundo mayor ilícito que más sufren los empresarios.

Por ello, es fundamental reformar los artículos 19 y 73 de la Carta Magna para establecer prisión preventiva oficiosa por el delito de extorsión y facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia, lo que abonaría a garantizar la seguridad de la ciudadanía y cumplir el Objetivo 16 de la Agenda 2030, referente a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, precisó.

Rugidos

Tendrán Seguridad

En 40 días arrancará formalmente el año electoral con el inicio de las precampañas rumbo a la Presidencia de la República, lo que ha obligado al partido en el poder, MORENA y al Frente Amplio por México a redoblar su esfuerzo en su encuentro con los sectores y grupos que simpatizan con ellos.

Los recorridos por el país de sus virtuales candidatas a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum comienza a multiplicarse por lo que debemos esperar una intensa batalla de señalamientos y acusaciones a partir de este momento.

En medio de la intensidad política y de los actos de precampaña que se avecinan, muy seguramente con un número importante de simpatizantes y militantes de los partidos políticos, lo mejor de todo ello es el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que habrá seguridad personal para las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheibaum.

Ello ha dado una buena porción de tranquilidad por si se registrara un evento de violencia contra cualquiera de las candidatas. Deseamos que nada de ello suceda, aunque sin embargo lo mejor de todo es que hay medidas de prevención para no lamentar situaciones adversas.