Selva Política

*Avalan Reformas a la Ley de Pesca, Sanciones, Conforme al Nivel Socieconómico

*Exponen Bancadas su Postura Sobre el Día Internacional Contra el Cambio Climático

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 439 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de imposición de sanciones.

La modificación a la fracción II del artículo 135 de la dicha norma establece que, respecto a la imposición de sanciones por infracciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se tomarán en cuenta las condiciones económicas del infractor, conforme a lo establecido en los “párrafos quinto y sexto” del artículo 21 de la Constitución Política.

Dichos párrafos de la Carta Magna señalan: “Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”. Asimismo: “Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso”.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que en 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Constitución Política en la que se agregaron nuevos párrafos al artículo 21 y con ello se dejó sin efecto la imposición de multas por parte de la autoridad a jornaleros, obreros y trabajadores asalariados, establecidas en el artículo 135 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por ello, indica, es necesario realizar la adecuación a dicha norma legal para su correcta aplicación por parte de las autoridades, toda vez que el texto actual genera una laguna jurídica que imposibilita al gobernante a imponer sanciones pertinentes que emanen de la Carta Magna, desprotegiendo, a su vez, a los ciudadanos, ya que no tienen certeza jurídica sobre el cumplimiento de la norma.

La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI) sostuvo que “es nuestra obligación apoyar con todos los medios disponibles a las y los trabajadores del sector pesquero y acuicultor”. Por ello, dijo, este dictamen propone armonizar normativamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que en la imposición de sanciones siempre se tome en cuenta el nivel socioeconómico y el ingreso de quienes sean sujetos de sanciones.

Consideró que “no podemos condenar a los pescadores mexicanos a multas y pagos excesivos; al contrario, el Estado tiene que velar por la protección del bolsillo de las familias pesqueras, porque sin su trabajo en México nos quedaríamos sin comer”.

Resaltó que “sí es posible recuperar un sector olvidado, pero necesitamos estrategias que, más allá de las sanciones, incentiven la producción”. Estimó que “un marco normativo que no tiene congruencia y ni está actualizado, es letra muerta”.

Este dictamen, afirmó, “otorga certeza jurídica y vigencia suficiente para hacer la legislación más completa”. El voto a favor, agregó, “será un compromiso con la vida, la identidad y el trabajo de miles de familias mexicanas que salen cada día enfrentando los peligros del mar para que tengamos comida en la mesa”.

Por otra parte y con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD emitieron comentarios en el apartado de efemérides de la sesión semipresencial de este jueves.

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) dijo que el cambio climático representa una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta, y desde este gobierno se contribuye en la protección de más de 95 millones de hectáreas de nuevas áreas naturales y un millón 300 mil más destinadas voluntariamente a la conservación.

Este gobierno transformador, afirmó, ha contribuido a la conservación y restauración de ecosistemas para mejorar la provisión de servicios ambientales y, a través del Programa Sembrando Vida y el financiamiento destinado a proteger áreas forestales, se logra captar más de cien millones de toneladas de bióxido de carbono.

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (PAN) expresó que durante esta administración ha habido un retroceso en materia de energías limpias, la desforestación ha aumentado y, con ello, se ha destruido la capacidad de captura de carbono con la producción de más combustóleo en las refinerías.

Planteó rectificar el rumbo, retomar la transición energética y aplicar una política industrial para la electrificación del parque vehicular, así como impulsar un programa para descarbonizar a Pemex, transformar el programa Sembrado Vida para que se encargue de la restauración forestal de alcance nacional y cumplir con las metas de cero emisiones de carbono para 2050.

Por el PRI, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho señaló que el cambio climático genera mayores consecuencias sobre los seres humanos, principalmente en las zonas de mayor pobreza, ya que ahí existe un alto riesgo, como son las sequías prolongadas o las lluvias torrenciales, y dijo que el Congreso también es corresponsable de las decisiones que se tomen al respecto.

Detalló que no se trata solo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de adaptarnos a los cambios que están sucediendo; por ejemplo, en la agricultura se pueden promover prácticas que sean más resistentes a las variaciones climáticas y fomentar el uso de energías renovables. “Tenemos una responsabilidad enorme, no se trata solo de legislar para el presente, sino para un futuro seguro”.

Luis Edgardo Palacios Díaz, diputado del PVEM, destacó que la importancia de esta conmemoración radica en la magnitud alcanzada por este fenómeno, pues ha quedado demostrado que no se trata de una corriente ideológica sino de una realidad que cada vez se manifiesta con mayor severidad. “Debemos encontrar coincidencias y trabajar en propuestas que hagan más efectivo el combate al cambio climático”.

Consideró necesario luchar para dejar de normalizar los cambios de temperatura, la indefinición de las estaciones del año, las lluvias que provocan inundaciones o la falta de éstas que llevan a la sequía. “Estamos en el tope máximo de la crisis climática; se requieren acciones contundentes e inmediatas o las consecuencias serán con mayor crudeza. Hay que redoblar esfuerzos para cumplir con los compromisos en la materia”.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) afirmó que el tema del cambio climático no es local, sino global, pues sus efectos surgieron de la Revolución Industrial, cuando se incrementaron los niveles del dióxido de carbono a la atmósfera.

Recordó que si bien hace 34 años se implementó un programa para combatir el cambio climático, donde se descansaba el uso del 20 por ciento de autos por día, hoy el número de automóviles aumentó en un 300 por ciento, es decir la política fue equivocada, por lo que “la parte que le correspondía a México para contribuir en esta materia no se realizó adecuadamente”.

Por MC, la diputada Julieta Mejía Ibáñez expresó que estamos frente a una emergencia, ya que el cambio climático es un desafío global que requiere de soluciones locales y acciones urgentes; sin embargo, “a pesar de esa situación, no es prioridad en la agenda pública. El presupuesto que debería destinarse al combate y a la mitigación del cambio climático se ha reducido y desviado a proyectos que están destruyendo nuestro futuro”.

México, relató, es considerado como uno de los países más vulnerables y, al mismo tiempo, la nación número 15 en emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es insostenible. “La evidencia científica es clara, las emisiones de gases de efecto invernadero están alcanzado niveles sin precedentes y estamos viviendo los efectos devastadores en cada uno de los estados. Su combate es el reto más importante de la generación”.

Rugidos

Los Drones, en Jaque

Con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para castigar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como “drones”.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal el 1 de agosto de 2023 y es una respuesta contundente en la lucha contra el crimen organizado y utilización de armas y artefactos que éste utilizan en contra de la ciudadanía.

Impone pena de prisión de diez a veinte años a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia (mejor conocidas como drones) arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño.

Señala que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.