Selva Política

*Alertan Diputados Sobre Propuesta de Centralizar los Recursos del Sector Salud

*Seguridad Pública en el País, Solo Aplicando la Ley sin Privilegios

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) aseveró que la iniciativa impulsada por las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano (PES) y Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena) busca reformar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud para centralizar aún más los recursos destinados al sector.

“Hacemos un llamado a los senadores a no aprobar esta reforma que traerá graves consecuencias para el sistema de salud; les quitarán todos los recursos a los estados, sin que quede claro cómo esa centralización se traducirá en prestación de servicios de salud para la población en cada entidad federativa”, señaló en un comunicado.

Se trata de una centralización abusiva, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales a la Federación a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, asentó.

Indicó que algunas de las afectaciones serán la centralización de los recursos en una nueva institución que no tiene reglas claras, como lo es IMSS-Bienestar, que tiene como propósito monopolizar recursos, para usarlos sin rendir cuentas.

Además, viola el pacto federal y el federalismo fiscal y le quita soberanía a los estados, mismos a los que, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Salud, les corresponde ejercer recursos para garantizar el derecho a la protección de la salud.

Del mismo modo, afecta al Fondo de Salud para el Bienestar, pues elimina la disposición que obligaba a destinarle recursos, ya que actualmente se dispone que, incluso las entidades federativas que firmen convenio de centralización, deben canalizar dinero a este fideicomiso que, entre otras cosas, sirve para financiar la atención a enfermedades que causan gastos catastróficos, como el cáncer o los infartos.

Generará mayor opacidad en el ejercicio de los recursos para la salud, pues quieren eliminar las reglas de transparencia y fiscalización que existen en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para pasar el dinero al IMSS-Bienestar, institución que carece de controles.

“En el gasto que se transfiere a las entidades federativas se exige documentación que acredite las transferencias y el ejercicio de los recursos, hay obligaciones de transparencia, además de ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, con la centralización habrá opacidad y malversación”, advirtió.

En otro tema, México demanda seguridad y Chiapas también, es la palabra del diario vivir, porque sin ésta no podemos garantizar el orden y la paz de ciudadanos y sus familias, externó el diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM), al presentar el libro de su autoría “Chiapas: la seguridad que todos queremos”.

El legislador informó que se trata de una primera edición que recopila su experiencia como servidor público, por más de 20 años, en tareas de seguridad pública e impartición de justicia, en el ámbito federal y estatal; su paso por juzgados familiares, la subprocuraduría General de Justicia, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Chiapas, donde fue titular.

El texto incluye un decálogo de propuestas de trabajo interinstitucional y de medidas prácticas que pueden devolver la seguridad como un bien social a Chiapas y a cualquier entidad federativa, que se comprometa con políticas públicas que apliquen la ley, sin privilegios, ni excepciones.

“En el pasado se hicieron buenas propuestas, como la certificación de los policías, el mando único, pero hay que ser autocríticos, y no permitir que la seguridad se politice, porque cuando se prioriza la política sobre la seguridad, nada bueno puede pasar”, expuso.

Entre las propuestas que plantea el legislador por Chiapas, destacan el hecho de que los funcionarios no estén en una vitrina resolviendo los temas de seguridad, y tampoco crean, lo que dicen sus subordinados, su trabajo debe ser móvil y de contacto con la gente, que los alcaldes inviertan hasta el último peso que les otorga la federación en seguridad.

Que se retome el mando único policial, una ventaja es la instalación de anillos de seguridad, en zonas clave dentro del territorio nacional, como ocurrió en Chiapas durante el sexenio pasado, donde se conformaron tres centros de control en la frontera sur de México y facilitó disminuir el índice de delitos.

Otro aspecto relevante fue combatir la delincuencia social, la de grupos organizados que, al amparo de la pobreza, la discriminación y la ignorancia se dedican al bloqueo de carreteras y la invasión de predios, actividades que se han convertido en un negocio.

“Aquellos grupos sociales que cometan delitos se les tiene que aplicar la ley, sin excepción; en Chiapas tuvo un efecto positivo, porque se consiguió recuperar 39 mil hectáreas, el mismo Cañón del Sumidero, símbolo del estado, fue rescatado y no se modificó ningún artículo de la ley, sólo se aplicó, “cero impunidad”, dijo Llaven Abarca.

De salida informamos a ustedes que el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para fortalecer programas de educación e investigación artística y cultural; entra en vigor mañana miércoles 30 de noviembre.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 28 de marzo el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objetivo de que la Secretaría de Cultura formule, impulse y fortalezca programas de investigación artística y cultural.

En el dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se señala que entre las acciones que establezcan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, estará la de fomentar y promover la formación de audiencias, así como programas de educación e investigación artística y cultural.

Hace notar que en el terreno de la formación de profesionales para la investigación, conservación y protección de la diversidad cultural y de la riqueza patrimonial, resulta fundamental fortalecer las identidades culturales a nivel comunitario, regional y nacional.

Subraya que el mayor y mejor conocimiento de nuestras raíces redundará en una mejor identificación de las distintas realidades socioculturales de México, así como en el incremento de las herramientas sociales disponibles para que las y los mexicanos puedan proponer soluciones desde la cultura, creativas y novedosas, a las problemáticas sociales que enfrenta el país.

Considera que existe amplia oferta educativa del sector cultural en los ámbitos de la historia, arqueología, antropología, conservación del patrimonio, museografía y las bellas artes, entre otras, que apoyan la preservación y protección de la riqueza cultural del país.

Rugidos

No Hubo Nueva Ministra

Las candidatas del presidente Andrés López Obrador a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prometieron durante sus exposiciones correspondientes, imparcialidad en su desempeño como ministra, de ser elegida alguna de ellas.

Las tres aspirantes a la responsabilidad de ministra de la SCJN, comparecieron en el Senado de la República, donde coincidieron también en su cercanía con el movimiento de regeneración nacional que encabeza el presidente de México. Coincidieron también en ejercer imparcialidad e independencia de verse favorecidas con el voto de los senadores.

Al cierre de la presente edición, ninguna de las tres aspirantes logró el número de votos lo que permitirá al presidente Andrés López Obrador enviar una nueva propuesta, que busque alcanzar un consenso senatorial para poder ser designada la nueva ministra.

Se supo que el envío de los nombres de nuevas aspirantes, al Senado de la República, puede darse de un momento a otro.