Selva Política
*Propondrán Diputados, Regular el Trabajo de las Casas Encuestadoras
*Urgente, Reformar el Art. 62 de la Ley de Caminos y Puentes: Diputados
Los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario, y Marco Antonio Mendoza Bustamante presentaron una iniciativa para regular casas encuestadoras que participan en mediciones de procesos electorales, que sean revisadas seriamente en cuanto a su metodología y transparencia de sus ingresos. A nombre de los diputados, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que la finalidad del planteamiento es crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión. “Es necesario regular el tema de las encuestas o sondeos de opinión, porque puede resultar en un asunto que genere violencia electoral, pues la no regulación y la elaboración tendenciosa pueden alterar los resultados de una elección federal o local, afectando directamente en la intención del voto de las personas”, manifestó en un comunicado. Refirió ejemplos documentados en la propuesta de Moreira Valdez y Mendoza Bustamante, y relató que en el proceso electoral 2022, específicamente para la gubernatura del Estado de México, se publicaron varias encuestas “patito” con números distorsionados, de acuerdo con una investigación realizada por medios periodísticos. Bernal Bolnik detalló que periodistas encargados de un reportaje contactaron a una de las casas encuestadoras que se encargó de hacer los sondeos, explicaron que la manera de operar es aparentemente sencilla: el interesado contacta a la encuestadora, le paga el monto pactado y ésta realiza sondeos en los que la o el aspirante va igual o mejor que sus contrincantes, aunque en la realidad los hechos sean distintos. Por ello, en la iniciativa exponen que no hay una regulación que limite a las personas físicas o morales para que emitan encuestas que puedan resultar tendenciosas. La propuesta remarca la necesidad de blindar a la opinión pública de aquellos que buscan utilizar la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral. Asimismo, pretende se promueva la diversidad y la calidad de las encuestas, garantizando su imparcialidad y rigor metodológico, y que además se sancione a quienes publiquen encuestas sin estar registrados. En ese sentido, Rubén Moreira y Marco Mendoza plantean adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión.
Por otra parte, previo al periodo vacacional de fin y principio de año, con el propósito de obligar a los concesionarios de las carreteras federales a brindar a los usuarios un seguro por robo total o parcial de sus vehículos, el diputado Héctor Chávez Ruiz (PRD) promueve reformas al artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El documento, enviado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen, plantea que los intermediarios estén obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso, “incluidos los perjuicios y daños ocasionados por robos totales o parciales que ocurran durante el uso de la vía concesionada”.
Menciona que la inseguridad en las carreteras federales del país ha ido en aumento lo que deriva en un incremento considerable de diversos delitos del fuero común y federal, entre los que se encuentra el robo a automovilistas y autotransportistas, lo que es preocupante porque va en detrimento de la seguridad de las personas que las usan.
Actualmente, añade, Caminos y Puentes Federales (Capufe) opera 43 autopistas con una longitud de 3 mil 930 kilómetros, que representan el 43 por ciento de los 9 mil 174 kilómetros de la Red Nacional de Autopistas de Cuota; también opera 35 puentes de cuota, de los cuales 18 son nacionales y 17 internacionales, que representan el 71 por ciento de la Red Nacional de Puentes de Cuota.
Chávez Ruiz señala que, en México, el 90 por ciento de las personas y de mercancías se desplazan por carretera; según datos de Cafupe, el tránsito anual es de 442.7 millones de vehículos, lo que arroja un promedio de 1.2 millones de cruces vehiculares por año, de este total, el 74.9 por ciento corresponde a automóviles mientras que el 20.7 por ciento corresponde a camiones de carga y sólo el 4.4 por ciento a autobuses de pasajeros.
Indica que Capufe cuenta con un seguro carretero que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuenta con la siguiente cobertura: “el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros aplica al hacer el pago de la cuota en las casetas de cobro de las vías de comunicación, y cubre hasta por un monto aproximado de 2 millones 220 mil 570 pesos”.
Sin embargo, ese seguro carretero solo cubre daños a terceros o a la infraestructura carretera, dejando “desprotegidos otros rubros importantes como son el robo parcial o total de los vehículos particulares o de autotransportes, incluida la carga que estos últimos pudieran transportar”.
El legislador expone que, si bien una práctica recurrente es que los mismos transportistas contraten un seguro que proteja sus activos y asegure que las mercancías que transportan estén cubiertas en caso de cualquier eventualidad, se debe considerar que el concesionario carretero también debe contar con un seguro que respalde no solo a los transportistas, sino a todos los vehículos que se trasladen por las carreteras federales contra el robo parcial o total.
Tan solo en 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer bimestre de 2023 el robo al autotransporte de carga en carreteras de México aumentó un 10.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las entidades con mayor incidencia en este delito son: Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala.
Afirma que las carreteras federales son fundamentales para la vida y el desarrollo económico de las y los mexicanos; por ello, es de suma importancia que los concesionarios de las carreteras federales proporcionen las garantías de seguridad necesarias a todos los usuarios que diariamente utilizan estas vías de comunicación.
De salida les informamos que la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa de reforma para incluir preceptos que tengan en cuenta la perspectiva de género en la Constitución.
“La presente iniciativa se propone normar que el Plan Nacional de Desarrollo y la planeación presupuestal reflejen principios fundamentales de inclusión, igualdad y no discriminación, perspectiva intercultural, enfoque interseccional y perspectiva de género”, explicó en un comunicado.
Comentó que para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo es esencial que las políticas públicas reflejen principios fundamentales de inclusión, igualdad y no discriminación.
Expresó que incluir la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo y en la planeación presupuestal implica reconocer las diferencias de roles oportunidades y desafíos que enfrentan mujeres y hombres, lo cual contribuye directamente a su progreso económico y social.
“Así, todas las mujeres y hombres podrán gozar de igualdad en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades desde el espacio público, hasta el espacio doméstico”, dijo.
Alavez Ruiz sostuvo que la paridad de género es fundamental para la consolidación de una verdadera democracia en la que se incluya a la diversidad social en la toma de decisiones.
Puntualizó que la propuesta de modificación busca que el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica se conduzca de acuerdo con los principios de igualdad e inclusión.
Asimismo, se propone que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social aseguré la inclusión, la igualdad y la no discriminación como principios rectores en la coordinación con las autoridades federales, locales, municipales para el ejercicio de sus funciones.
Rugidos
Alerta Migratoria
Ni duda cabe que la llamada telefónica, sostenida ayer jueves entre los presidentes de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden y de México, Andrés López Obrador donde abordaron el delicado tema de la migración, es un adelanto de las firmes medidas que vendrán en unas semanas más.
El flujo de migrantes procedentes de muchos países de América Latina y de Europa, el cual ha convertido ya en una zona de alto riesgo la línea fronteriza entre los dos países, obliga a los gobiernos de ambas naciones tomar medidas posiblemente radicales que aseguren detener el alto número de indocumentados que llegan incluso a los municipios de varias entidades de México.
Un grupo de alto nivel de Estados Unidos, llegará a México durante los primeros días del 2024, con el fin de iniciar el trabajo para atender y buscar solucionar el desplazamiento que cientos de miles de persona de los países de América Latina, realizan hasta la frontera de México con la Unión Americana.
Las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México con sus contrapartes de Centro y Sudamérica no han solucionado, aminorado, ni detenido el problema. La situación de emergencia, orilló al presidente Joe Biden ha poner en marcha firmes medidas que impidan alterar el ambiente político interno de esa nación.
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