Selva Política

*Plantean Expedir Pronto, la Ley Federal de Gobiernos de Coalición 

*Preparan Iniciativa Para Sancionar uso Delictivo de Inteligencia Artificial

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) impulsa una iniciativa para expedir la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, reglamentaria de la fracción II del artículo 76 y fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política, en materia de gobierno de coalición. 

 El documento, turnado a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen, está conformado por 15 artículos, divididos en los siguientes cuatro títulos: “Disposiciones Generales”, “Del Convenio de Gobierno de Coalición”, “De las facultades del Senado para la integración del Gobierno de Coalición” y “De la ratificación de las Secretarías de Estado”. 

   Aborda y define los conceptos de “Gobierno de Coalición”, “Convenio de Gobierno de Coalición” y “Programa de Gobierno de Coalición”, que están establecidos en la Carta Magna.

 Señala que el Gobierno de Coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y corresponsabilidad en el ámbito Legislativo y el Ejecutivo, que consiste en la unión de uno o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de manera expresa por el presidente de la República, para elaborar un Programa de Gobierno de Coalición compartido que se somete a la aprobación del Senado.

 El Convenio de Gobierno de Coalición queda definido como el instrumento jurídico entre la persona titular del Ejecutivo Federal y los partidos políticos coaligados, que tiene como finalidad establecer claramente sus objetivos, integración, agenda de gobierno y legislativa, las obligaciones y causales de disolución del Gobierno de Coalición.

En tanto, el Programa de Gobierno de Coalición es el acuerdo programático mediante el cual se establecen, por acuerdo de las partes que integran el convenio de coalición, las políticas públicas, acciones concretas y prioridades que deberán instrumentarse para el cumplimiento de la agenda del gobierno y las agendas legislativas de coalición, mismas que serán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus respectivos programas sectoriales, en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

  La iniciativa fija los lineamientos para la conformación de este tipo de gobierno, así como para su disolución. Esto último se estipula en el artículo 15 que a la letra señala: “la disolución del convenio de coalición se formalizará mediante decreto presidencial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación previa notificación a ambas Cámaras del Congreso de la Unión”. 

En su régimen transitorio indica que el decreto entrará en vigor el 1 de octubre de 2024. 

 En su exposición de motivos, la diputada manifiesta que actualmente ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su propia visión, ni un programa único. Las reformas que México necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo mayoritario, consensuado y legitimado.

Para construir mayorías y aprobar reformas constitucionales es necesaria la negociación, el diálogo, el consenso y la cooperación entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Argumenta que la reformas de 2014 al artículo 89 constitucional, en materia político electoral, abrió la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo Federal pueda formalizar un gobierno de coalición con uno o varios partidos. 

 Refiere que dicha reforma aporta flexibilidad al proceso de gobierno toda vez que el Ejecutivo puede optar por el instrumento de la coalición para obtener la cooperación no sólo del Poder Legislativo, sino en las tareas de gobierno. 

  “La democracia, como el régimen más propicio para ofrecer respuestas eficientes y perdurables a estos desafíos, necesita de la cooperación de la mayoría de las fuerzas políticas para encontrar soluciones y propuestas que vayan atacando las causas profundas de los problemas”, señala. 

 Manifiesta que los gobiernos de coalición se vuelven alianzas para convocar al diálogo, encontrar convergencias, dirimir diferencias y facilitar la gobernabilidad democrática.

 Agrega que los gobiernos de coalición pueden suponer gabinetes compuestos por elementos de diversas fuerzas políticas con representación ante los órganos legislativos, y tienden hacia una moderación y distribución de responsabilidades en lo concerniente a funciones concretas de gobierno, en aras de una mayor eficacia y mayor entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

 Concluye que los gobiernos de coalición abonan a convertir la negociación política en un instrumento indispensable para procurar la estabilización de las funciones de los órganos del Estado, y como conducto de comunicación de aquellos gobiernos que son producto de la implementación de sistemas electorales de mayoría o mixtos. 

En otro tema, les informamos que para considerar como delito y sancionar el mal uso de la tecnología señalada como inteligencia artificial hasta con penas de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa, el diputado Miguel Torruco Garza (Morena) planteó adicionar el capítulo III “Uso Delictivo de la Tecnología Denominada Inteligencia Artificial” y los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal.

Establece que a quien modifique videos, audios, rostro de personas, grabaciones de voz y/o de escenarios ficticios, con la intención de hacerlos pasar como reales, en detrimento de las actividades personales y profesionales de alguna persona física o moral, se le aplique pena de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa. En caso de que los afectados sean menores de edad, personas discapacidad o en estado de vulnerabilidad, las penas señaladas se incrementarán en un quinto.

También se impondrá de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa a quienes, a través del uso de la inteligencia artificial, generen daño o perjuicio a la imagen o reputación pública de las personas, cometan fraude en detrimento de alguna persona física o moral y falsifiquen documentos oficiales, con objeto de ocasionar algún daño patrimonial en perjuicio de otra persona.

Asimismo, a quienes creen, expongan, distribuyan, reproduzcan, transmitan, comercialicen, intercambien imágenes, audios o videos de índole sexual íntimo de una persona o grupo de personas sin su consentimiento, ya sea por medio impreso, correo electrónico, redes sociales, o cualquier otro medio tecnológico. 

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, precisa que se entenderá por inteligencia artificial el software que se desarrolla empleando una o varias de las siguientes técnicas: estrategias de aprendizaje automático, incluidos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo. 

De igual modo, estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la representación del conocimiento, la programación lógica inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los sistemas expertos y de razonamiento simbólico, así como estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización.

Menciona que el objetivo principal es inhibir la realización de este delito tipificando conductas específicas que se pudieran realizar a través de la inteligencia artificial y aplicando penas severas para quien las cometa.

El diputado de Morena expone que la inteligencia artificial puede generar situaciones negativas para la sociedad, que es necesario abordar y minimizar a través de una adecuada regulación que sea inhibitoria.

La investigación “El impacto de la inteligencia artificial: ¿revolución o riesgo?”, de la Universidad de Guadalajara, señala algunas de las desventajas de esa tecnología, como es el desplazamiento laboral, sesgo y discriminación, privacidad y seguridad, dependencia, manipulación y desinformación, así como armas autónomas, refiere.

Destaca que es importante tener regulaciones y normas claras para garantizar que las armas con inteligencia artificial sean utilizadas de manera responsable y bajo control humano para evitar consecuencias devastadoras. 

Rugidos

Rechazada

La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy finalmente no fue ratificada para un periodo más de 4 años en el cargo, debido a que los diputados de oposición en el Congreso local se mantuvieron firmes y votaron en contra de la ratificación.

De esa manera pusieron punto final a un tema politizado y controversial que afectaba ya la vida institucional de la capital del país. A la fiscal Ernestina Godoy le faltaron 5 votos, debido a que dos diputadas del PRI local, de última hora votaron a favor de que la funcionaria continuara en el cargo.

Ayer mismo a esas dos diputadas se les inició un proceso de expulsión por parte de las instancias internas del Partido Revolucionario Institucional.

La guerra política en torno a la ratificación o no de la aun Fiscal, originó hechos violentos y de amenaza directa para algunos diputados opositores quienes sin embargo, se mantuvieron firmes en su decisión anunciada.