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MIGUEL BARBA

Selva Política




*Propondrán Reforma Diputados, Para  Preservar las Lenguas Indígenas en Acervos Digitales

*En Vigor, el Decreto que Previene y Sanciona la Violencia Vicaria; Aumenta la Sanción

La diputada María Macarena Chávez Flores (PRD) propuso una reforma para establecer como uno de los objetivos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la preservación de las lenguas indígenas en acervos digitales.

La iniciativa agrega que el Estado protegerá y promoverá la preservación de las lenguas indígenas nacionales en los formatos necesarios, incluyendo los de tecnologías digitales.

La propuesta, remitida a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, precisa que para su preservación en los medios necesarios dentro de las actuales tecnologías digitales, el Estado coordinará que las principales bibliotecas y museos del país cuenten con una copia del Himno Nacional en las principales lenguas indígenas del país.

Asimismo, que en las bibliotecas públicas, principales universidades y museos, se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales.

También corresponderá al Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, garantizar la entrega de copia fonética en tecnologías digitales del Himno Nacional, en las principales lenguas indígenas, a universidades, bibliotecas y museos.

El documento resalta que México se ubica entre los países con mayor diversidad cultural con 68 lenguas indígenas, de las cuales 23 de ellas están en situación de riesgo por las condiciones adversas en las que se han dado sus relaciones con la sociedad no indígena.

Las más amenazadas, agrega, son cakchiquel, chichimeca jonaz, chocho, chuj, cochimí, cucapá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, kekchí, kicapú, kiliwa, kumiai, lacandón, matlatzinca, mocho, pa ipai, pápago, pima, quiché, seri y tlahuica.

Esta situación de riesgo, continua, se refleja en su reducido número de hablantes —menos de 2 mil—, en la dispersión geográfica de sus asentamientos, en el predominio de hablantes adultos y en la tendencia al abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones.

Detalla que existen condiciones de carácter estructural que limitan la reproducción del conjunto de lenguas indígenas, entre ellas su exclusión en la mayor parte de los dominios públicos e institucionales que no les son propios, la disminución de su uso en los ámbitos comunitario y familiar, ausencia en los medios de comunicación y su menor prestigio con respecto al español.

Menciona que el rango de lenguas indígenas en riesgo no se ha hecho por hogares; si así fuera, el análisis arrojaría un aumento considerable, pues se agregarían otras con mayor número de hablantes, como la maya, la otomí e incluso el náhuatl.

Destaca que la preservación de las lenguas indígenas requiere interpretar uno de los principales símbolos patrios, que es el Himno Nacional. “Estas palabras plasmadas en un medio digital en línea, es decir la Internet, da cuenta de la historia e importancia que para nuestro país tiene nuestro canto principal”.

A partir de ayer jueves 18 de enero entró en vigor el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) para prevenir y sancionar violencia vicaria, que aumenta la pena por ejercerla a través de interpósita persona.

Se trata de modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los códigos Civil Federal y Penal Federal.

El pasado 29 de noviembre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los códigos Civil Federal y el Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona o violencia vicaria.

El documento, remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, define y tipifica la violencia a través de interpósita persona como cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato; o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio.

Contempla las conductas a través de las cuales se manifiesta dicha violencia, como son: amenazar con causar daño a las hijas e hijos; amenazar con ocultar, retener, o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia; utilizar a hijas y/o hijos para obtener información respecto de la madre, promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas y/o hijos en contra de la madre, así como incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno filial.

También, ocultar, retener o sustraer a hijas y/o hijos, además de familiares o personas allegadas, interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y/o hijos en común, y condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos.

Argumenta que, en materia de violencia a través de interpósita persona, el Estado mexicano tendrá la misma responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar, desde una perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos, que se encuentren o residan fuera del país, con base en los mecanismos legales del Servicio Exterior Mexicano.

Los poderes legislativos, Federal y locales, en el ámbito de sus competencias, tipificarán el delito de violencia a través de interpósita persona, es decir será causal de divorcio, pérdida de patria potestad y restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodios de niñas, niños y adolescentes, añade.

De salida les informamos que el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de facultar al Ejecutivo Federal para que formule e implemente programas orientados a fomentar la eficiencia del uso de agua potable, el reciclaje de aguas grises y al aprovechamiento de las aguas residuales tratadas a través del uso efectivo de ecotecnologías.

La iniciativa también contempla otorgar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la atribución para participar junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dependencias de la administración federal, estados, municipios y el gobierno de la Ciudad de México, en proyectos enfocados al desarrollo e implementación de ecotecnologías en los hogares mexicanos que permitan aprovechar el agua.

“El tema del ahorro de agua con ecotecnologías debe considerarse un asunto de carácter estratégico. Si bien menos del 15 por ciento del agua se destina para fines domésticos, creemos que iniciar una transición tecnológica a gran escala en este sector es un buen inicio para dar pie a reformas de mayor calado en otros sectores como el agroindustrial”, explicó en un comunicado.

Rugidos

Cierre de Filas Políticas

Los cierres de pre campañas por parte de los tres candidatos a la Presidencia de la República, han servido para que los partidos políticos vivieran un cierre de filas en torno a sus abanderados y busquen llegar unidos al arranque formal de las campañas por la disputa de los cargos a puestos de elección popular.

A partir de este viernes y hasta el 28 de febrero los precandidatos deberán abstenerse de tener actos públicos y sólo podrán realizar reuniones internas con militantes de su partido político.

El intenso ambiente político que ya se vive en buena parte del país, se afianzó ayer por la tarde-noche, cuando iniciaron a las 18 horas los actos de cierre de campaña con mensajes que tuvieron una duración promedio de una hora.

La intensa disputa invita a pensar que se está cerrando considerablemente la competencia, momento que deberá confirmarse a partir del 1 de marzo.

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