Selva Política
*Llaman Diputados a Reforzar la Seguridad Pública en la red carretera del País
*Perfilan Reforma; Urge Política Pública que Prevenga Suicidios Entre Adolescentes
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, urgió a una mayor coordinación en materia de seguridad para enfrentar con acciones estratégicas y certeras los graves problemas de violencia que enfrentan cada día los transportistas que circulan por las carreteras del país.
Esta situación afecta la industria, el turismo y la imagen del país ante el mundo, aunado a que altera los corredores de exportación hacia Estados Unidos, pues ellos trasladan el 83.3% del valor de las importaciones y exportaciones entre nuestro país y el vecino del norte, lo que obliga a las cadenas de suministro a modificar su logística en busca de seguridad.
De igual forma, el nearshoring o relocalización de plantas productivas se verá afectado, porque la ola de violencia e inseguridad en carreteras ahuyenta la inversión extranjera directa (IED), toda vez que la certeza jurídica, el Estado de derecho y la seguridad son los principales elementos que hacen un mercado atractivo para invertir, puntualizó.
Guerra Castillo subrayó que “no podemos tolerar que, cada día, 46 transportistas sean asaltados; muchos de ellos heridos, secuestrados, desaparecidos y hasta muertos, mientras que las corporaciones policiacas y los tres niveles de gobierno se ven rebasados y sin coordinación efectiva ante las denuncias por este grave problema”.
De acuerdo con cálculos de las empresas afectadas, dijo, la pérdida anual es de 7 mil millones de pesos y la mercancía que se roban acaba en el mercado informal y sin control.
“Es constante la denuncia de los representantes de transportistas porque la Guardia Nacional no hace los rondines necesarios en los 177 mil kilómetros que tiene la red carretera en México”, indicó.
La responsabilidad del Estado es proteger la vida de las personas, por ello, no podemos permitir que la delincuencia sea parte de la cotidianidad, toda vez que sus efectos son nocivos para toda la sociedad ya que los transportistas se ven obligados a invertir en mecanismos de protección, costo que se traspasa al consumidor final.
La diputada presidenta subrayó la importancia del sector del autotransporte de carga que aporta el 3.5% del Producto Interno Bruto y contribuye con el 52.7% del PIB logístico; atiende a 101 ramas de la economía y de él dependen directa e indirectamente aproximadamente 6 millones de familias.
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), movilizan 548.1 millones de tonelada de carga al año, lo que equivale al 81% de la carga terrestre y al 56.8% de la carga doméstica total.
Por ello, desde la Cámara de Diputados se hace un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las policías estatales a lograr una mayor coordinación para evitar que la violencia impere en las carreteras de México.
En otro temales informamos que la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) propone adicionar la fracción XXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer que la Secretaría de Salud deberá elaborar y conducir la política tendiente a garantizar el acceso a la salud mental y prevención del suicidio, con acciones específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Población con opinión de la Comisión de Salud, señala que se aborda el tema del suicidio de niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva de la salud; sin embargo, es necesario que la Secretaría de Salud incluya entre sus funciones y atribuciones enfrentar de forma integral este creciente fenómeno.
El documento expone que el suicidio es una de las decisiones más dramáticas que asumen las personas; se trata de un trance sumamente complejo, en el que confluyen todo tipo de factores que llevan a las personas a quitarse la vida. Los motivos que rodean la acción del suicidio son innumerables, que van desde temas económicos o sentimentales, hasta razones de tipo familiar, discriminación, estrés, acoso, exigencias, miedos, ansiedad, chantajes, etcétera.
Indica que no existe suficiente información ni atención al respecto, y las personas adultas, “por lo general, desconocemos que niñas, niños y adolescentes pueden desarrollar pensamientos suicidas”, por lo que resulta crucial que las madres, padres y personas cuidadoras tengan información para poder identificar los síntomas, factores y que sepan dónde localizar a especialistas ante la posibilidad de un suicidio infantil o adolescente.
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) plantea que los adultos deben identificar algunas señales de alerta y factores de riesgo que pueden anticipar un intento de suicidio como son los problemas emocionales, de relación social y cognitivos; trastornos de conducta alimentaria, antecedentes de familiares o personas cercanas con tentativas o suicidios.
Asimismo, haber sufrido violencias, estar en un proceso de duelo por pérdidas, buscar tener a su alcance armas de fuego o medicamentos, realizar búsquedas en internet o en grupos de redes sociales sobre temáticas relacionadas al suicidio o haber realizado intentos de suicidio previos.
La diputada Hernández Pérez explica que la Ley General de Salud aborda el tema desde la perspectiva del derecho constitucional y humano a la salud; contempla disposiciones para garantizar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, y detectar y prevenir el suicidio en general.
Sin embargo, dijo, es necesario instaurar dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una disposición para que la Secretaría de Salud aborde los temas de la salud mental y la prevención del suicidio, con una política dirigida específicamente a niñas, niños y adolescentes.
Resalta que el fenómeno del suicidio entre niñas, niños y adolescentes es un problema complejo y creciente que requiere una serie de soluciones integrales, que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.
Por esa razón, considera que es necesario fortalecer el marco jurídico para la atención integral del fenómeno del suicidio entre niñas, niños y adolescentes, a través de un mandato explícito a la Secretaría de Salud, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De salida les damos a conocer que el diputado Fausto Gallardo García (PVEM) exhortó a los congresos estatales a que legislen para prohibir el uso de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje.
Dijo que con este objetivo presentó un punto de acuerdo a fin de que los estados hagan su tarea y contribuyan a lograr una solución definitiva y eficaz al tratamiento de las bolsas de plástico.
La legislación, dijo Gallardo García, se ha convertido en un reto social y económico de primera magnitud, y es responsabilidad de cada entidad federativa prohibir el uso de bolsas plásticas inflables como envoltura o aislante.
"En un mundo digitalizado, las empresas de comercialización de productos vía internet crecen de manera exponencial y utilizan sin restricción alguna, las bolsas plásticas acojinadas por aire como medio de envase, para envío de sus artículos", alertó.
Expuso que el uso recurrente y desmedido de los empaques y embalajes nos hace retroceder en los esfuerzos alcanzados en el tratamiento y gestión integral de estos residuos que impactan negativamente en el medio ambiente, en especial de mares y océanos del planeta.
Rugidos
Tarea Educativa
Ante el retraso en materia de alfabetización que registra el país, la Secretaría de Educación Pública informó que serán 35 mil personas voluntarias las que a nivel nacional se incorporarán a la tarea de llevar la enseñanza del escribir y leer.
La SEP redoblará la tarea en este renglón, durante la recta final de la presente administración, debido a lo cual los servicios educativos del Instituto Nacional de Educación Para Adultos se multiplicarán.
Ya están seleccionadas las personas que dependiendo de sus perfiles, serán claves para la asesoría educativa que se impulsará.
De avanzar en este renglón durante el presente año, se habrá atendido uno de los más justos reclamos de quienes menos tienen. Saber leer y escribir es hoy en día una condición que debe ser atendida en cualquier país que se dice democrático y con justicia social.
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