Selva Política
*La Violencia Política en Razón de Género y Nulidad de una Elección
*Proponen Clausurar por Contaminante, la Refinería de Cadereyta
Con el propósito de establecer la violencia política en razón de género como causa de nulidad determinante de una elección, las diputadas del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, propusieron agregar un inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política. Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, plantean que se establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, en casos en que se acredite la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En la actualidad, la ley contempla en tres incisos las causas graves de nulidad: a) exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y c) recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esta reforma propone señalar que, en caso de las violaciones planteadas en dichos incisos, se presumirán como determinantes cuando la diferencia en la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En tanto que para el supuesto establecido en el inciso d) será determinante cuando se acredite la violación política de manera sistemática. También incluyen modificaciones al primer párrafo de la fracción I de dicho precepto para que los partidos políticos garanticen la paridad de género, “libre de violencia” en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Asimismo, sugiere agregar en el apartado A del mismo artículo la no discriminación entre los principios rectores del INE. Indica que anular las elecciones en casos de violencia política de género es una medida compleja, pero altamente necesaria para garantizar la integridad del proceso electoral y proteger los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones. Decisión Extrema
La nulidad es compleja, “una decisión extrema” que determina la inexistencia de un proceso democrático y la violación grave a los principios fundamentales de un sistema electoral, donde se afirma y acredita que no hubo elecciones limpias, y deben repetirse. Con esta iniciativa se busca reestablecer la estabilidad del proceso con una medida preventiva conforme a la ley, evitar la violencia generalizada en el sistema político y tratar este tema desde todos los espacios, sin comprometer los procesos e instituciones democráticas. Las legisladoras se pronuncian a favor de la justicia electoral y de un sistema de libertades plenas, que favorezca la participación de las mujeres en política. “Esta violencia sistematizada es una afectación determinante en la elección, por lo que debe considerarse como violación grave, dolosa y determinante de nulidad”. “No podemos permitir que se sigan reproduciendo estereotipos y conductas que vulneran los principios fundamentales más básicos de todos y de todas, desde una normalización de la violencia contra la mujer”, por lo que es fundamental establecer un principio de cero tolerancia a la violencia política y garantizar un Estado igualitario, enfatizan. Refieren que la reforma político-electoral de 2014 obligó a la paridad de género e incrementó la representación femenina en la Cámara de Diputados que, en 2021, logró el 50 por ciento de curules. Ello fortaleció las políticas públicas en materia de igualdad, y colocó a México como líder en materia de participación política y representantes electas. Reconocen que México tiene el número más alto de mujeres al frente de gobiernos estatales de su historia, pero sólo gobiernan en 10 de 32 entidades, y en la medida en que se ha incrementado su participación, se visibilizan graves problemas de discriminación y violencia. “Se ha tipificado la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero no es suficiente para garantizar su derecho a participar de manera activa en las elecciones”.
En otro tema, la diputada Karina Barrón Perales (PRI) exigió a los gobiernos Federal y de Nuevo León clausurar la refinería de Cadereyta, ya que la instalación, que pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex), provoca el 65 por ciento de contaminación en el área metropolitana de Monterrey y sus alrededores. En 2023 hubo recursos para que se aplicara un sistema en la refinería de Cadereyta que disminuyera la polución; sin embargo, esto no sucedió, detalló en un comunicado. Indicó que el mes pasado la zona metropolitana de Monterrey experimentó un récord de contaminantes, colocándose entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Condenó que aumenten más de 35 por ciento las muertes por causas respiratorias, cardiovasculares, entre otras complicaciones para la salud que conlleva la contaminación. La legisladora lamentó que la refinería de Cadereyta obtuviera un amparo para que no pare sus operaciones, por lo que urgió poner una solución para no continuar afectando a la población.
De salida les informamos que el diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) encabezó el conversatorio “Incorporación de intérpretes en hospitales que atienden a los pueblos originarios de México”, a fin de difundir la iniciativa en la materia. En un comunicado expresó que la atención médica en español como norma excluye a más de 23 millones de hablantes de lenguas indígenas, lo que significa un vacío que no se refleja en el presupuesto público para la contratación de intérpretes en el sector salud. Señaló que esta omisión contradice los principios de inclusión y acceso universal a la salud, perpetuando la desatención histórica hacia las comunidades indígenas y socavando la confianza en los servicios médicos. “Esta normalización social de brindar atención sólo en español invalida los procesos para realizar cualquier trámite y acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública, por lo que se ha generado una sensación de desconfianza para acudir a los hospitales”, dijo Zebadúa Alva. En su participación, la diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, expresó que la propuesta de modificación es pertinente, ya que coadyuva a terminar con la discriminación y fortalece el derecho de acceso a la salud.
Rugidos
Paro de Transportistas
La inseguridad pública que se ha acentuado durante los últimos meses en la red carretera del país, obligó a los transportistas a buscar apoyo de los tres niveles de gobierno, a fin de recibir una respuesta sobre la urgente necesidad de que terminen los asaltos y asesinatos de trabajadores del volante.
Pese a ser recibidos, aunque no atendidos, por parte de las autoridades federales, los transportistas no terminaron por sentir que sus justas demandas están siendo atendidas y ante ello, han anunciado un paro nacional para el próximo lunes 5 de febrero.
El bloqueo de carreteras, autopistas y entradas y salidas a grandes e importantes ciudades del país, podría derivar en “convulsión vial” que hará perder buena parte del día a millones de automovilistas y generar pérdidas millonarias a empresas de toda índole.
Es necesario y urgente que las autoridades –gobierno federal, estatales y municipales—den una respuesta convincente e inicien medidas palpables para reducir la actuación de bandas delincuenciales en las cerretas del país, si es que desean evitar un problema aun mayor. Veremos….
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