Selva Política
*Proponen que Municipios Instalen Organismos Comunitarios Para Gestionar Abasto de Agua
*Impedir que el Crimen Organizado Participe en las Elecciones, Plantean Diputados
El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) presentó una iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política, con el objetivo de que los municipios creen organismos comunitarios para la gestión del agua.
La modificación indica que para la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en las comunidades rurales, “los municipios propiciarán la creación de organismos comunitarios con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismos que serán parte de la Administración Pública Paramunicipal, respetando en todo momento las formas de organización de las comunidades y fortaleciendo los esquemas de asociación público comunitarios”.
Precisa, en su argumentación, que el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua sin fines de lucro como una forma organizativa para cerrar las brechas de desigualdad, blinda a las organizaciones creadas ya sea por decreto o de facto (por usos y costumbres) de posibles intentos de disolución a través de mecanismos jurisdiccionales pretextando la inconstitucionalidad de éstos por no estar expresamente reconocidos en la Carta Magna.
Explica que los sistemas comunitarios de agua han sido una forma de resistencia de los pueblos originarios y las comunidades rurales ante la privatización de este recurso, por lo que han tomado el control del manejo y la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento, con sus propias estructuras de organización y, en la mayoría de los casos, con sus propios recursos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, destaca que en México se estima que hay alrededor de 28 mil organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, las cuales han dado soluciones efectivas a más 7 millones de personas que habitan en las zonas rurales.
Sin embargo, no cuentan con el reconocimiento jurídico que les permita operar de manera eficiente en coordinación con los tres niveles de gobierno; por ello, se ven constantemente amenazadas con los cambios en las administraciones locales.
“En el país, los organismos de gestión comunitaria del agua no tienen un reconocimiento jurídico a nivel constitucional que facilite y de certeza jurídica a su operación y gestión, dejando a expensas de la voluntad política de quienes asumen el poder en cada renovación del gobierno”, detalla.
Menciona que el Plan Nacional Hídrico 2022-2024 pone en el centro del debate legislativo la necesidad de adecuar los marcos normativos vigentes, para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos hídricos.
Por otra parte y ante el riesgo de que intervenga el crimen organizado en las próximas elecciones, el diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, propuso que todos los partidos políticos se pronuncien para condenarlo y hacer campañas en contra del narcotráfico. "Esto se debe hacer como en los grandes países cuando se pronuncian todos contra el terrorismo", subrayó en un comunicado. Aseguró que Morena no quiere hablar de esto, pese a los asesinatos contra aspirantes registrados en tan sólo un mes de 2024, por lo que también llamó a evitar hacer apología del crimen. En su programa digital de los sábados por la noche, “Con peras, manzanas y naranjas”, el coordinador parlamentario sostuvo que se requiere un gran acuerdo nacional para que todas las autoridades garanticen seguridad a las y los candidatos y operadores de los partidos políticos. El líder congresista también destacó la importancia de que sean visibles los mapas de riesgo. Sobre el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) y la secretaría de Seguridad Pública federal para proteger a las y los candidatos, dijo que es un gran esfuerzo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, pero que faltan por hacer más cosas. Al respecto, el catedrático Rubén Aguilar aseveró que hay evidencias de que en determinadas regiones del país el narcotráfico tendrá una intervención decidida, abierta y franca, y que no serán las y los ciudadanos los que decidan la elección. "Estaríamos ante una regresión brutal de corte histórico ver cómo operan de múltiples maneras con dinero, amenazas y asesinatos”, destacó. Reconoció que el INE no puede hacerse cargo de la seguridad física de candidatas y candidatos con fuerzas de un aparato bajo su control, pero si podría dotarse de los instrumentos para que en aquellos casos donde la evidencia de la participación del narco es de tal dimensión se decrete la nulidad de la elección sin recurrir al Tribunal Electoral. Planteó que la alianza del PRI, PAN y PRD insista en un acuerdo donde todos los partidos condenen la intervención del narco, para ver si Morena se suma o no, lo que podría dejar en evidencia si el partido guinda está implicado con el crimen y no quiere pronunciarse en contra. En su intervención, el especialista electoral Miguel Álvarez consideró que sin seguridad no hay elecciones genuinas y no vamos a un proceso electoral limpio. "Estamos ante las elecciones más cruciales para el país, donde se debe fiscalizar el dinero y que las y los candidatos no vengan del narco. Si nosotros cumplimos con esta responsabilidad habrá futuro, si no este país lo vamos a entregar", sentenció.
De salida les informamos que la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las entidades federativas destinen a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) el 50 por ciento de sus contrataciones de servicios y obra pública.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y suscrita por las y los legisladores del grupo parlamentario, busca establecer políticas y acciones que promuevan la capacitación, asesoría y consultoría, para fomentar la participación de Mipymes en dichos procesos.
Contempla que la Secretaría de Economía promueva el desarrollo de dichas capacidades, lo cual no sólo beneficiaría a estas unidades económicas, sino que se fomentaría el crecimiento económico, la competitividad, más y mejores empleos, y disminuiría su informalidad.
En su argumentación, Felipe Torres indica que las Mipymes representan a la mayoría de las empresas en México, toda vez que generan el 62.5 por ciento de la fuerza laboral y aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Censo Económico 2018.
Apunta que a pesar de que son un motor importante para la economía y el empleo, enfrentan retos diversos como la baja productividad, el cierre de establecimientos, la falta de capacitación, acceso a créditos y financiamiento, apoyos gubernamentales, deficiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y pérdida de oportunidades para hacer negocios.
Menciona que sólo 0.30 por ciento de estas empresas participa en los procesos de compras públicas, de acuerdo con el sistema Compranet.
Rugidos
Propuestas
Se cumplió el plazo y el presidente de México, Andrés López informó sobre sus iniciativas de ley que buscan reformar algunos Artículos de nuestra Carta Magna, bajo el contexto de la falta de humanismo, justicia social y austeridad que aun enfrenta el país.
El número de reformas propuestas finalmente fueron 20, leídas de manera apresurada sin dar mayor argumento sobre el cómo y cuándo podrían mostrarse resultados palpables sobre las mismas. El total de las mismas, toca los aspectos sociales, políticos, económicos e incluso de respeto a los animales.
El anuncio de las iniciativas no logró superar la idea y percepción que se tienen sobre las mismas: el presidente López Obrador “está en campaña”, “busca distraernos”, de ahí anuncios tan prometedores y alentadores como el del apoyo económico a las personas de la tercera edad; una mejor pensión para los trabajadores de IMSS e ISSSTE y el pago de un salario mínimo superior siempre al índice inflacionario.
En ningún momento a lo largo de una hora de exposición, el mandatario mexicano se detuvo a alguna iniciativa para informar sobre los cómo y cuándo podrían percibirse resultados en favor de los ciudadanos.
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