Selva Política

*Incluirán a Personas en Situación de Calle, en Programas Prioritarios: Diputados

*Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Aprueba Cuatro Dictámenes

La Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, para incluir a las personas en situación de calle o de alta vulnerabilidad en los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza y marginación, considerados prioritarios y de interés público.

Al respecto, Rojo Pimentel señaló que este dictamen que reforma la fracción III del artículo 19 de dicho ordenamiento, propuesto por la diputada de Morena, Rosalba Valencia Cruz, tiene por objeto incluir a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, para que cuenten con servicios como parte de sus derechos.

De acuerdo con el dictamen, el fenómeno de alta vulnerabilidad y las personas en situación de calle están intrínsecamente ligados por diversas causas como la falta de vivienda, carencias en servicios básicos, estigma, problemas de salud y exposición a la violencia.

Por lo que con la incorporación de esta condición a dicha Ley, se garantiza el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución mexicana para esta población vulnerable y contribuye a avanzar en el principio de universalidad de sus derechos.

En este sentido, UNICEF señala dos grupos de niños según la situación de sus familias: niñez “en” la calle y las niñas y niños “de” la calle. A los primeros los define dentro de un grupo más grande, siendo aquellos que trabajan en las calles, pero que mantienen relaciones cercanas con sus familias y tienen un lugar a donde regresan por las noches, y el segundo, como un grupo de niñas y niños sin hogar con vínculos familiares rotos.

De acuerdo con su Informe Anual de 2016, un tercio de la población en México son niños, niñas y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en condiciones de pobreza, lo que genera una situación de calle donde enfrentan explotación laboral y sexual, atropellamientos vehiculares, consumo de drogas, embarazos no deseados y toda clase de enfermedades, debido a que no tienen acceso a los servicios de salud.

Por otra parte, la Comisión aprobó por 28 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, su opinión a la iniciativa por la que se reforma la Ley General de Desarrollo Social, en materia de perspectiva de desarrollo integral de las personas jóvenes, con especial énfasis en aquellos con alguna discapacidad, pertenecientes a comunidades indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual, presentada por la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega. 

Al respecto, la diputada presidenta aseguró que este dictamen tiene el propósito de incluir la perspectiva de juventud como uno de los principios a los que se sujetará la política de desarrollo social, para que las y los jóvenes sean reconocidos como sujetos de derecho, con capacidad de agencia y libertad, para el pleno desarrollo de su proyecto de vida.

Lo anterior, en un marco que propicie el respeto, la inclusión y la tolerancia hacia su diversidad y la reducción sistemática de las desigualdades que históricamente han enfrentado.

En la reunión, la Comisión avaló desechar el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhortaba a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas, a llevar a cabo, en la medida de lo posible, campañas de difusión sobre la importancia que tiene el programa de abasto social de leche Liconsa, suscrita por el diputado Raymundo Atanacio Luna (Morena). 

Al respecto, la diputada Rojo Pimentel afirmó que, a 79 años de haber iniciado dicho programa de abasto, hoy cuenta con una red de más de 10 mil lecherías y más de mil unidades operativas, a través de 400 convenios con diversas organizaciones civiles, lo que significa la distribución de más de 900 millones de litros de leche anuales, que benefician a alrededor de 6 millones de personas.

Por tal motivo, agregó, este programa ya se encuentra ampliamente difundido y cuenta con gran arraigo en la población, por lo que, con base en sus reglas de operación, le compete a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en su Ramo Administrativo 8, atenderlo y no al Ramo 20 de Bienestar, el cual es competencia de esta Comisión.

De igual manera, los integrantes de la Comisión aprobaron retirar del orden del día el dictamen con punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Bienestar a realizar la Estadística Nacional de Cooperativas en México, suscrita por legisladores integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, en virtud de que hay argumentos que no se han completado; por ejemplo, de dónde saldrán los recursos para realizar dicha estadística.

En otro tema, la presidenta de la Comisión exhortó a las y los integrantes de esta instancia a entregar sus opiniones, a más tardar el próximo 11 de abril, respecto a la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre la tercera entrega de informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación y el informe general ejecutivo del resultado de fiscalización superior, ambas de la Cuenta Pública 2022, que marcó como fecha límite el 15 de abril para recibir la opinión.

Por otra parte, la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobó por 23 votos a favor cinco dictámenes a iniciativas en materia de violencia digital, salud mental, desamparo familiar y adopción, y migración.

La diputada Herrera Anzaldo explicó que estos dictámenes que reúnen 21 proyectos de las y los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, atienden un tema de profundo interés para la niñez y la adolescencia.

El primero, es el que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia digital, para establecer que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, supervisarán el respeto de su intimidad dentro del uso de medios digitales, que puedan afectar, impedir o menoscabar su desarrollo integral.

El segundo modifica los artículos 50, 57, 110, 111 y 116 de la misma ley, para que las medidas en los servicios de salud detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental, e incluyan la prevención y atención del suicidio.

Además, establece que se promoverá el desarrollo del bienestar socioemocional y la gestión eficaz de las emociones en niñas, niños y adolescentes.

El tercero reforma los artículos 10, 28 y 49 de dicha legislación, para precisar que los procedimientos de adopción deberán ser en todo momento expeditos, ágiles, simples y guiados por el interés superior de la niñez.

Agrega que, en los casos de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas directas o indirectas quedando en situación de desamparo familiar, se deberá garantizar la prestación de servicios de atención reconocidos en la ley, que les permitan una óptima inclusión al entorno social.

El cuarto dictamen modifica los artículos 89 y 96 de la misma ley, en materia de migración, con el fin de que quede plasmado que el principio rector durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos los menores, será del interés superior de la niñez.

Además, estará prohibido llevar a cabo el procedimiento de retorno asistido cuando el interés superior de la niñez se vea vulnerado.

Avalan opiniones

Posteriormente, la Comisión aprobó por unanimidad su opinión a la minuta que reforma el artículo 2º, apartado A, fracción II, de la Constitución, en materia de interés superior de las niñas, niños y adolescentes indígenas, presentada por los grupos parlamentarios del PRD, Morena y MC.

Su objetivo es incorporar el concepto paraguas como “prácticas nocivas”, pues su importancia radica en que abarca las prácticas que salen de la ilegalidad de un matrimonio infantil, como es una unión forzada, una cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal o informal consuetudinaria.

Rugidos

Ambiente Ajeno

Plagios, secuestros, asaltos, asesinatos y enfrentamientos violentos es el cuadro en el que se llevan a cabo las campañas políticas para todos los puestos de elección popular que están en juego y habrán de definirse el próximo 2 de junio en todo el país.

Pese a los riesgos que ello representa, todos los candidatos han comenzado a caminar las calles del país aun y con el riesgo que representa ir en busca del voto ciudadano, el cual les permita obtener el anhelado cargo público por tres y seis años.

Como se sabe ya son más de 70 los políticos aspirantes que han enfrentado un ataque con balas, donde la mayoría de ellos han fallecido cuando aun no termina ni el primero de los tres meses de campaña.

Ante este ambiente de altísima inseguridad para los candidatos a los puestos de elección popular, los tres niveles de gobierno no han hecho nada para brindar seguridad a los aspirantes, ante esta situación lamentablemente podría haber más afectados durante los días, semanas y meses por venir.