Selva Política
*Urge Prevenir la Violencia en Diferentes Regiones del País, Ante Proceso Electoral
*Llaman a Reunión de Gobernadores, Para Buscar Frenar Riesgo a Candidatos
El diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que es necesario hacer un pacto nacional para evitar la violencia en este país; la seguridad es algo que no debemos de politizar.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, resaltó que la Cámara de Diputados, a través del Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral, busca prevenir la violencia en las diferentes regiones del país.
“Nosotros lo que tenemos que hacer es un pacto nacional para evitar la violencia en este país y estamos conscientes que en esta Cámara tenemos un alcance, o sea, tenemos un límite, pero tenemos un grupo de trabajo para vigilar estas elecciones en donde estamos pretendiendo avanzar, por ejemplo con el Instituto Nacional Electoral que nos dé su atlas de riesgo para que después cada partido político pueda hablar con las autoridades de seguridad pública en este país y por lo menos podamos prevenir, por lo menos en donde ya hizo alguien un estudio serio que es el INE, con este atlas de riesgo e intentar prevenir”, sostuvo.
Informó que ya formalizaron por escrito una petición al Instituto Nacional Electoral (INE) para que entregue a la Cámara de Diputados el atlas de riesgo en seguridad pública en todo el país, y así evitar que se continúen elevando el número de personas candidatas asesinadas.
El objetivo, precisó, es que con estos datos cada partido externe sus preocupaciones a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como a los gobiernos estatales o las instancias encargadas de la seguridad en las entidades que presentan los mayores índices de violencia electoral, en próximas reuniones.
Romero Herrera relató que en la reunión de la Jucopo de este día se coincidió en que “el tema de la seguridad es algo que no debemos de politizar”.
Por ello, dijo que se hacen las demandas al Poder Ejecutivo, ya que es el encargado de las fuerzas de seguridad en este país. “Y su trabajo (del Ejecutivo) es cuidar la vida, no solamente de aspirantes a algún cargo de elección, la vida de 130 millones de almas en este país, porque es su responsabilidad y en otros sexenios fue de otros partidos, también fue su responsabilidad, nada más que hoy es de ellos y de este Gobierno”, abundó.
Sobre el mismo tema, el diputado Rubén Moreira Valdez solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que el Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral se reúna con gobernadores de las entidades federativas en conflicto y donde se registran más ataques a las y los candidatos.
Lo anterior, lo pedirá en la reunión de emergencia que tendría dicho Grupo de Trabajo esta tarde en el Recinto Legislativo de San Lázaro.
“Estamos proponiendo, entre otras cosas, reunirnos con los gobernadores, no de todo el país, pero sí de una buena parte de las entidades que están en conflicto. También requerir a la secretaria de Seguridad Pública medidas más eficientes para proteger a las y los candidatos; así como tal vez legislar algo acá”, señaló en declaraciones a representantes de medios de comunicación.
Detalló que las reuniones serían con los gobernadores de Chiapas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los recientes hechos de violencia que se han suscitado en el contexto electoral.
Por otro lado, dijo, si bien en este momento no se pueden legislar asuntos electorales, hay otros de carácter penal que se alcanzarían a atender. Por ejemplo, que no prescriban los delitos que se cometen contra las y los candidatos, sus equipos de campaña o a electores.
Recordó que la Cámara de Diputados no sólo legisla, también tiene la función de vigilar, tal es el caso de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, y dicho problema de violencia ya es un asunto de esa índole.
Sostuvo que ayer el Observatorio Electoral dio a conocer que hay más de 50 homicidios relacionados con las elecciones, 26 de ellos a candidatas o candidatos, además de los que han sido secuestrados.
Ante este escenario, el legislador puntualizó la necesidad de entablar de nuevo una reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a fin de atender el aumento de ataques a candidatos.
“Hemos tenido dos reuniones con Rosa Icela. Yo no he salido contento y quienes estuvieron ahí saben que estuve cuestionando porque están ocultando las cifras de homicidios, para empezar, sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado de México se ocultan”, dijo.
Moreira Valdez aseveró que en el Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral “todo lo que nosotros discutamos ahí, todo lo que analicemos, todo lo que ahí se va a plantear, va a ser un informe que después va a ir a dar al Tribunal Federal Electoral y va a ir al INE, para el momento que se califique la elección. Entonces, ¿de servir? Sí va a servir”.
De salida les informamos que la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, organizó el foro de “Consulta para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, con la finalidad de conocer su opinión respecto a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10 y 43 del Código Militar de Procedimientos Penales, ante la resolución de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Villarreal García informó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado envió, para conocimiento a la Comisión, la sentencia de inconstitucionalidad 46/2016, aprobada por el Pleno de la SCJN el 16 de abril de 2023, relativa a la consulta a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, en materia de justicia militar, igualdad y de traducción e interpretación.
Destacó que, aunque se beneficie a estos grupos, el Poder Legislativo está obligado a consultar previamente la primera iniciativa, aprobada en la LXIII Legislatura, y de acuerdo con el Máximo Tribunal cualquier tema que toque los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se debe consultar, incluso cuando se les otorguen más, o tengan que participar en un juicio sujeto al Código de Justicia Militar.
Lo anterior, dijo, generó que Luis Raúl González Pérez, ahora expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promoviera la presente acción de inconstitucionalidad, y solicitó la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expidiera el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.
Esto fue lo que determinó la SCJN en su resolución; no mencionó que se afectaban los derechos de las pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sino que no se les consultó, por lo que nunca más se debe hacer una norma sin previamente saber la opinión de estos grupos, subrayó.
Por ello, la Comisión de Defensa Nacional llevó a cabo el foro, con la finalidad de fomentar las consultas públicas previas, abiertas y accesibles, para escuchar las ideas, propuestas y necesidades de los diversos grupos y comunidades indígenas, con relación a la iniciativa, específicamente por lo que toca a la invalidez de los artículos 10 y 43, párrafos I, II, III, IV y VI, del Código Militar de Procedimientos Penales, por una falta de consulta previa.
Rugidos
Elecciones Inseguras
El problema de inseguridad y atentados en contra de candidatos a puestos de elección, debe ser atendido por los tres niveles de gobierno, si en verdad las autoridades desean que el actual proceso electoral no se siga manchando de sangre.
Parece ser que pese al número de candidatos victimados por el crimen organizado, a las autoridades no termina por importarle lo que pueda seguir sucediéndole a quienes aspiran a un puesto de elección popular. En esta fallida atención de brindar seguridad a los candidatos, están involucradas las dirigencias nacionales de los partidos político.
Y es que sólo hay que dar cuenta que a MORENA, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT o MC parece no interesar presionar a los tres niveles de gobierno para que se blinde a los candidatos que buscan el voto ciudadano rumbo a la elección del próximo 2 de junio.
Han dejado ese compromiso convertido hoy en día en obligación, al Instituto Nacional Electoral organismo que mucho hace ya con buscar garantizar, se pueda votar en las casillas de los 300 distritos electorales dentro de sesenta días.
Hasta el momento los candidatos asesinados han sido, aquellos que aspiraban a ocupar una alcaldía o diputación local. ¿Qué va a suceder si el crimen organizado intenta arrebatarle la vida a un aspirante a una diputación federal, senaduría o gubernatura? Vaya actitud.
El Cartón
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