Selva Política

*La Temporada de Incendios Forestales, Arrasó 23 mil Hectáreas en 20 Estados

*Habrá Mayor Atención del estado Para los Niños y Adolescentes en Orfandad

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, llamó a una coordinación interinstitucional y transversal para tener una respuesta real e inmediata, con el uso de tecnología, y prevenir o enfrentar los incendios forestales que, hoy en 73 eventos, arrasan 23 mil hectáreas en 20 entidades federativas, donde se incluyen siniestros en 16 áreas naturales protegidas, como el Nevado de Toluca; Maltrata, Veracruz, y en la Sepultura en Chiapas.  

De ninguna manera debemos considerar como algo natural que existan estos siniestros, por el solo hecho de que México ocupa el segundo lugar internacional en alertas por incendios forestales, como lo señala el Observador Global de Incendios Forestales; es nuestra obligación tomar acciones efectivas que los controlen o impidan. 

Impera la necesidad de que el Poder Ejecutivo Federal destine un fondo emergente que permita la utilización de recursos económicos, para adquirir herramientas e insumos y hacer frente a la crisis forestal que estamos viviendo en amplias zonas del país, tomando en cuenta que no todos los municipios cuentan con los medios para combatir los siniestros.

“Estos siniestros, que en su mayoría son provocados, han cobrado la vida de varios brigadistas y voluntarios, verdaderos héroes que combaten los incendios”.

Desde la Cámara de Diputados hacemos un llamado al Poder Ejecutivo Federal a ampliar la cobertura del Plan de Auxilio a la Población Civil, DNIII, para brindar una atención oportuna a las poblaciones afectadas y así evitar que sean los habitantes los que se vean obligados a enfrentar los incendios y tratar de apagarlos prácticamente con las manos. 

“El daño agropecuario y forestal es muy alto: se pierde suelo y vegetación, destruye el hábitat de la fauna silvestre que incluso pierden la vida, se eliminan plantas que generan oxígeno, incrementa el efecto invernadero por la emisión de carbono, se muere el ganado y se devastan grandes volúmenes de madera que afecta la economía de los propietarios y las reservas forestales del país”, señaló. 

Guerra Castillo recordó que, para este año, el presupuesto para Protección Civil fue de 190 millones de pesos, 49 millones de pesos menos que el asignado en 2018, por lo que urge un cambio de estrategia y aquilatar el costo económico y de vidas humanas que estos siniestros significan. 

En este sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados destacó la importancia de contar con atlas de riesgos actualizados y generar políticas de gestión de riesgo, para salvaguardar la integridad física de las personas, reducir la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza.

Por otra parte, de acuerdo al voto unánime de la asamblea, el Estado tiene la obligación de atender la situación de orfandad de niñas, niños y adolescentes, así lo establece la reforma que la Cámara de Diputados avaló, en favor de la Ley General de Derechos de las Niñas,Niños y Adolescentes.

La diputada Eunice Monzón García (PVEM), proponente de una de las iniciativas que hizo posible el cambio legal, explicó que además de reconocer los derechos de la niñez en desamparo familiar, establece que los procedimientos de adopción sean expeditos y simples.

 En un comunicado señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoce a un millón 600 mil niñas, niños y adolescentes que viven sin sus padres, muchos de ellos, son víctimas colaterales de los feminicidios, la violencia ocasionada por el crimen organizado o las desapariciones forzadas, o bien, afectados por la pandemia de Covid-19 y en muchos casos no son visibilizados.

 "Este nuevo marco normativo que modifica los artículos 10, 28 y 49 de la ley en cuestión, señala que las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas directas o indirectas y queden en situación de desamparo familiar tendrán garantizada la prestación de servicios de atención, al menos los reconocidos en ley, que les permita una óptima inclusión al entorno social, además, mandata que los trámites de adopción se agilicen y simplifiquen” explicó Monzón García.

Por cierto y ante la precaria situación económica que viven miles de familias y que obliga a muchas niñas, niños y adolescentes a abandonar la escuela y no tener acceso a una educación básica de calidad, la diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) promueve una iniciativa para que el Estado otorgue a todos los menores de edad, inscritos en preescolar, primaria y secundaria, un paquete de útiles, un par de zapatos y un uniforme, en cada ciclo escolar.

Lo anterior, mediante una reforma que adiciona un sexto párrafo al artículo 3°constitucional, precepto que garantiza el derecho a la educación.

La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, señala que en un país donde la violencia y la inseguridad son preocupantes, la educación constituye una herramienta valiosa para combatirla y fomentar valores de responsabilidad cívica, tolerancia, respeto a los derechos humanos, y así contribuir a un ambiente político más estable y democrático.

Destaca que, en materia educativa, México aún enfrenta grandes desafíos, en particular en temas de calidad e igualdad de oportunidades, pues de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el ciclo escolar 2019-2020, había en total 25.6 millones de estudiantes de educación básica. De ellos, 4.2 millones se encontraban en preescolar, 14.9 millones en primaria y 6.5 millones en secundaria.

Sin embargo, agrega que muchas familias enfrentan problemas económicos que afectan la educación de sus hijos, como lo demuestran datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual indica que, en 2020, 41.9 por ciento vivía en situación de pobreza, lo que afectaba mayormente a las familias con al menos un menor o adolescente en edad escolar. 

De igual forma, las cifras revelan que la pobreza en México tiene un impacto negativo en los niños de educación básica; por ejemplo, impide que los infantes tengan acceso a libros, materiales, escolares y computadoras, por lo que dejan de ir a la escuela para trabajar y contribuir al ingreso familiar.

Por ello, resalta la importancia de abordar el tema de la educación, a través de políticas públicas, como la entrega de útiles, zapatos y uniformes en cada ciclo escolar, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes, inscritos en escuelas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, puedan concluir su educación básica.

De salida les informamos que la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) plantea reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política, para establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las personas adultas mayores.

Asimismo, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se propone adicionar un párrafo décimo quinto al artículo 4, a fin de instituir que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas mayores, garantizando, entre otros derechos, la seguridad social, la salud y una vida libre de violencia.

Mientras que al artículo 73 se le adiciona una fracción XXIX- AA, para facultar al Congreso para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las personas adultas mayores, velando en todo momento por su desarrollo integral.

Rugidos

Llamarada de Petate

La investigación que inició el Consejo de la Judicatura Federal en contra del Ministro en retiro, Arturo Zaldívar podría no encontrar eco ni sustento, debido a que la Suprema Corte de Justcia de la nación, carece de reglas para indagar a su personal en retiro.

Como se sabe, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la presidente de la SCJN, ministra Norma Piña, inició una investigación en contra del desempeño de Arturo Zaldívar, cuando éste presidió la Corte. La decisión tomada está sustentada en una denuncia anónima.

Se sabe que las actuales reglas de la Corte no tienen ni el alcance para poder imponer castigos administrativos a los ex ministros, lo que abrió la necesidad de atender ese renglón ante eventuales denuncia sobre el desempeño institucional de su personal.

El momento electoral y la participación del ministro en retiro, Arturo Zaldívar en la campaña de una de las candidatas a la presidencia de la República, parece ser el móvil en busca de llevar al ex funcionario al banquillo de los acusados, donde como cita y lo cita bien el refrán popular: “la calumnia, cuando no mancha tizna …” En unos días más veremos el alcance y resultado de la investigación…