Selva Política

*No Garantiza Justicia a Quienes Menos Tienen, la Reforma al Poder Judicial: PAN

*El Poder Judicial, no Detendrá al Poder Legislativo, Aseguran Legisladores del PT

La reforma al Poder Judicial promovida por el Ejecutivo Federal no garantiza justicia; en cambio, abre paso a la violación de los derechos humanos, no asigna recursos para un mejor acceso a la justicia y la elección por voto directo de ministros, jueces y magistrados sería manipulada por el gobierno y Morena, aseveró la diputada Noemí Luna Ayala, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

En un comunicado, tras presentar las conclusiones de un estudio realizado por su fracción parlamentaria, refirió que éste alerta que la construcción actual de la reforma judicial estaría abriendo la puerta a la injerencia del crimen organizado.

Agregó que el análisis de 39 puntos revisa las implicaciones formales, materiales, políticas y económicas del dictamen para reformar al Poder Judicial -avalado el miércoles por mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados- y precisa que dicha iniciativa hace que México pierda confianza jurídica y competitiva frente a otros actores mundiales que han señalado sus peligros.

Además, Luna Ayala informó que el estudio advierte que se generaría un estado de indefensión al personal de apoyo del Poder Judicial, como secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros, quienes serán evaluados no por sus conocimientos y resultados, sino conforme a su afinidad ideológica.

Esta “transformación”, añadió, no garantiza una mayor legitimidad ni calidad en las decisiones judiciales, porque serán personas juzgadoras “a modo”, bajo una ideología que derivará en defender los intereses del gobierno, en lugar de proteger los derechos y libertades de las personas. Así, quienes tengan más poder económico podrán pagar y los más vulnerables quedarán en total indefensión.

Indicó que también se expone en el documento que, además de implicar la violación al principio constitucional de división de poderes, el dictamen no considera ni asigna presupuesto a instituciones policiales, ministeriales y jurisdiccionales locales pese a que la base de los problemas de impartición de justicia tiene lugar en lo local, y esto se recrudece ante la incapacidad o complicidad de muchas autoridades.“Se ha encontrado que en México faltan 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, ya que -de acuerdo con un estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero tenemos sólo 4.4", detalló.

Insistió en que habrá mayores violaciones a los derechos humanos, pues se presentarán casos de desigualdad y discriminación en la impartición de justicia al beneficiarse a personas cercanas al poder político o, incluso, de la delincuencia organizada.

"Será contundente la politización del acceso a la justicia, los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas; vigilancia, formación y control de juzgadores", aseveró.

Por ende, añadió, los principales afectados de la eliminación de los efectos generales de las sentencias serán las personas en situación vulnerable, recalcó Noemí Luna, también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

En el aspecto económico, apuntó que el análisis señala que el Gobierno Federal destinaría más recursos al pago de la deuda externa (que se mide en dólares), lo que impactará sobre el gasto público que, al verse mermado, aumentará el desempleo y disminuirán los ingresos de las familias, sin dejar de lado que disminuirá la recaudación.

Otro factor fundamental de atender, indicó, será la revisión del T-MEC en el 2026, cuando podría desatar controversias por fallos contrarios al Estado de derecho e inclusive el gobierno de la próxima presidenta podría recibir solicitudes de panel y controversias antes de ese año.

“La aprobación de la reforma implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el T-MEC, en materia de inversiones, pues no garantiza que el país cuente con un Poder Judicial imparcial, transparente y garante de los derechos de los inversionistas”, enfatizó.

Sobre el mismo tema, ayer la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) expresó su preocupación respecto al papel del Poder Judicial en el proceso de reforma judicial, ya que está ejerciendo una “invasión de facultades” al intentar obstaculizar los trabajos del Poder Legislativo para llevar a cabo esta reforma necesaria.

Indicó que esta situación pone en riesgo la autonomía y la función del Legislativo en la representación del pueblo mexicano. Bernal Martínez refirió que la cúpula del Poder Judicial se muestra desesperada y está implementando acciones que buscan frenar la manifestación de la voluntad popular el pasado 2 de junio.

“A pesar de que la necesidad de una justicia garantizada es la esencia de la reforma, las acciones del Poder Judicial parecen contradecir este principio, lo que genera un clima de tensión y confrontación entre ambos poderes”, añadió.

Bernal Martínez destacó que el Poder Legislativo está cumpliendo con el mandato del electorado, al poner en marcha el “Plan C” para la reforma judicial. “Así lo hicimos en la Cámara de Diputados y estoy segura de que lo mismo se hará en la Cámara de Senadores.

“Esta determinación refleja el compromiso del Legislativo con la transformación del sistema de justicia en el país, alineándose con las expectativas de las y los ciudadanos”, subrayó.

La diputada auguró que estamos ante un momento histórico, en el que por primera vez se priorizan las opiniones expresadas en los foros nacionales de diálogo.

Aseguró que durante estos encuentros se tomaron en cuenta las voces de especialistas, académicos e interesados, quienes coincidieron en que la reforma judicial es urgente y necesaria para fortalecer la justicia en México.

Bernal Martínez recordó que el Poder Judicial tuvo la oportunidad de generar su propia iniciativa mediante un ejercicio de autocrítica, pero no lo hizo. “Es posible que pensaran que este momento histórico nunca se daría”.

De salida les informamos que la diputada Julieta Vences Valencia (Morena) aseguró que así como se aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación para que jueces ministros y magistrados sean electos por el voto ciudadano, también se avalarán todas las reformas constitucionales del "Plan C" que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de La Unión.

Asimismo, aseguró que se avalarán todas las enmiendas que envíe la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que tienen la finalidad de seguir ampliando los derechos de las y los mexicanos, como la reforma para que las mujeres de 60 a 64 años reciban una pensión previo a la de la persona adulta mayor y que todas las niñas, niños y adolescentes del país de escuelas públicas de educación básica reciban una beca.

"Mis causas son las causas de la gente. En esta LXVI Legislatura, que acabamos de iniciar, no dudaré en aprobar todas las reformas que impliquen ampliar los derechos sociales del pueblo de México. Desde el Congreso de la Unión contribuiremos para seguir transformando al país", expresó en un comunicado.

Vences Valencia adelantó que ahora van por la aprobación de la reforma constitucional, a fin de reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.

Rugidos

Diálogo Olvidado

En la lucha por aprobar o anular la reforma al Poder Legislativo, entre el partido MORENA y sus aliados PT y PV, frente a PRI-PAN-MC, el diálogo y la civilidad política se han olvidado, lo que ha generado un ambiente tenso a unas horas de que se vote la minuta en el Senado de la República.

El martes o miércoles a más tardar, medirán fuerzas el partido en el poder y sus aliados, frente a los opositores del régimen, los cuales siguen insistiendo en que una reforma al Poder Judicial debe ser sin prisa y consensada.

Un solo voto puede ser la diferencia el próximo martes o miércoles, para aprobar o desechar la reforma palomeada en Cámara de Diputados. En medio de esta tensión política, han aumentado los señalamientos y cuestionamientos de ambas partes, sobre el proceder que llevan a cabo.

No falta mucho para saber el destino final que tendrá la primera de 18 reformas constitucionales que el aún presidente de México, Andrés López Obrador busca se aprueben, antes de decir adiós el 30 de este mes de septiembre.