Selva Política

*El Recorte Presupuestal al Sector Salud Será de 113 mil Millones de Pesos: PAN

*Preparan Iniciativa Para que el Estado Apoye a Hijos de Víctimas de Feminicidio

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, señaló que existe un recorte en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2025, el cual es de alrededor de 113 mil millones de pesos menos que en 2024.

“Sería el primer sexenio de los últimos seis presidentes en cual hay una rebaja tan significativa en el tema de salud”, sostuvo al concluir el foro "Retos y perspectivas de las personas que viven con diabetes, sobrepeso y obesidad", que organizó el diputado junto con la Federación Mexicana de Diabetes.

Precisó que el gasto público en salud será de entre 2.4 por ciento y 2.5 por ciento del PIB, luego de habernos acercado a casi el 3 por ciento del PIB en los últimos años.

“En el tema del presupuesto las noticias que les tengo son muy tristes, ya que para el próximo año 2025 se están recortando 113 mil millones de pesos de la función salud”, lo que representa un 11 por ciento, puntualizó.

Reconoció que el IMSS y el ISSSTE sí registraron un aumento; sin embargo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), las aportaciones a la Seguridad Social, la Secretaría de Salud, Pemex y Sedena disminuyeron.

Resaltó que el voto del PAN fue en contra del PPEF para el Ejercicio Fiscal 2025, que se aprobó en la Comisión de Salud.

“Nuestro voto fue en contra de esa propuesta de presupuesto, estamos solicitando que se incremente al menos igual que en el 2024”, aseveró Ramírez Barba.

Asimismo, convocó a la población y a los legisladores a posicionarse en contra de este recorte presupuestal que afectará a tantos mexicanos.

En su oportunidad, la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN), quien también integra la Comisión de Salud, consideró que es preocupante el presupuesto que se aprobó en salud y reiteró que su voto fue en contra, porque no va acorde con las necesidades de México.

La diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa de reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que el Estado otorgue apoyos a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio.

Precisa que para las hijas e hijos o personas que dependan de la víctima de feminicidio el Estado deberá garantizar el acceso a apoyos educativos que incluyan becas y programas de tutoría y asegurar que puedan continuar su educación sin interrupciones, además de ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.

Agrega que el Estado también debe brindar servicios jurídicos, médicos con cobertura integral de salud y atención psicológica especializada de manera gratuita, para la recuperación de las víctimas indirectas de feminicidio, con apoyo de las diferentes instituciones públicas de manera permanente y garantizar con ello su derecho a la salud física y psicológica y el acceso a la verdad y a la justicia.

El documento, que modifica la fracción I y III, y adiciona una fracción IV al artículo 26, turnado a la Comisión de Igualdad de Género, considera que la implementación de estos apoyos tiene un costo, pero es una inversión esencial en el futuro de nuestra sociedad, ya que proporciona estabilidad y apoyo a los menores; es decir, no solo cumple con los compromisos de derechos humanos, sino contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y resiliente.

Subraya que en un país donde la violencia de género cobra la vida de tantas mujeres, es responsabilidad moral y legal proteger y apoyar a quienes quedan en vulnerabilidad luego de actos tan atroces.

En México, advierte, la situación de orfandad por feminicidio es alarmante, pues datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) confirman que, entre abril de 2018 y marzo de 2021, se documentaron más de cinco mil niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a feminicidios.

Sin embargo, para 2024 no existe todavía una cifra exacta de cuántas niñas, niños y adolescentes han perdido a sus madres por actos de violencia. Y a pesar de que el 4 de agosto de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expide el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio”, la atención es casi nula o a medias.

Frente a esta situación, enfatiza, es necesaria la modificación propuesta para que se garantice la atención especializada a todas las niñas y niños que han perdido a su madre por este delito, y es momento de que México adopte medidas para un futuro más seguro y justo para la niñez y la adolescencia.

En otro tema, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) planteó adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, a fin de tipificar la usurpación de identidad y castigar este delito hasta con 10 años de prisión. 

La adición de un capítulo III Quáter denominado “Usurpación de identidad” y de un artículo 390 Ter a dicho Código establece que comete el delito de usurpación de identidad el que por cualquier medio obtenga datos personales en perjuicio de un tercero, con el objetivo de suplantar su identidad a fin de obtener algún beneficio para sí o para otra persona, o para la comisión de cualquier otro delito.

Precisa que a quien cometa este delito se le impondrá pena de dos a diez años de prisión y hasta cuatrocientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en dicho artículo y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso de uno a cinco años en el supuesto de que el sujeto activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática o la telemática.

La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia, señala que la usurpación de identidad aqueja a miles de mexicanas y mexicanos, y ésta no solo debe entenderse como un detrimento patrimonial, sino que, también, presenta efectos secundarios, toda vez que acceden a información privada y a datos personales que son aprovechados por el delincuente para suplantar la identidad de la persona y cometer otros actos ilícitos.

Explica que la usurpación de identidad se realiza a través de cuentas bancarias, redes sociales o, incluso, vía telefónica en las que, valiéndose de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz, usurpan la identidad de las personas u obtienen información privada para hacerse pasar por éstas mediante engaños.

El documento refiere que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a través de su portal, informó sobre los tipos de fraudes cibernéticos que en la actualidad se han convertido en un problema creciente en el país y que presentan una reiterada conducta en el modus operandi de los delincuentes.

Destaca que el fraude cibernético bancario representa una de las principales estafas que han permitido que los ciberdelincuentes acumulen cifras millonarias a través de la usurpación de identidad de las usuarias y usuarios del sistema financiero digital.

Esta modalidad --indica-- consiste en obtener datos de las cuentas bancarias de quienes caen en trampas a través de llamadas telefónicas, mensajes e incluso por medio de las redes sociales.

México no cuenta con una legislación federal para sancionar la usurpación de identidad, mientras que, a nivel local, solamente 16 estados la tienen tipificada en diferentes ordenamientos jurídicos. Estos son Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Lo anterior, a pesar de que el derecho a la identidad está reconocido plenamente por la Constitución Política.

Ante ello, resalta la necesidad de legislar en esta materia con el objetivo de detener los abusos que actualmente se cometen en contra de las y los mexicanos.

De salida les informamos que la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) propuso una reforma para considerar falta administrativa grave utilizar como imagen institucional de los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público, colores, símbolos, signos o frases que, directa o indirectamente, puedan vincularse o identificarse con algún partido político.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, adiciona un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para actualizar el marco jurídico en materia de regulación del uso de colores partidistas en bienes e instalaciones públicas.

Expone que históricamente en la vida partidista se ha abusado del uso de los colores propios de los partidos políticos en el poder, en las instalaciones y bienes destinados al servicio público, sin importar el orden de gobierno, situación que es grave porque en el trasfondo se encuentra un velado acto propartidista equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales.

Señala que es evidente que se violentan los principios constitucionales de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, así como el buen despacho en el ejercicio de los recursos públicos que tienen bajo su gestión.

Observa que se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional. “El servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos y el derecho a la buena administración”.

Rugidos

Donald, el Grinch !!!

Si había alguna esperanza de que el presidente entrante de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump suavizara su  postura, amenazas y decisiones en torno a los migrantes e imposición de aranceles en contra de México, ésta ayer domingo se diluyó totalmente.

En entrevista grabada con anterioridad –ayer domingo el magnate se encontraba en Francia- insistió y radicalizó su postura para llevar a cabo una deportación masiva en contra de los indocumentados que están dentro de la Unión Americana.

Afirmó “no querer romper familias, ni separarlas, por lo que la única manera es mantenerlos juntos y enviarlos a todos de vuelta …”.

Ayer domingo el próximo presidente de los Estados Unidos fue más allá al insistir en que “buscaré poner fin a la ciudadanía por nacimiento en EU”.

En medio de ese panorama, aun podemos desear una buena Navidad?