Selva Política

*Aprueban Reformar la Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres

*Presupuesto Asignado a INAI y Cofece, Para Liquidar y Cerrar su Extinción

Por unanimidad de 445 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, reformar las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El dictamen, derivado de una iniciativa de la presidenta de la República, modifica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para definir la brecha salarial de género como la diferencia de retribución salarial entre mujeres y hombres por razones de género, respecto a la realización de un trabajo remunerado de igual valor.

Precisa que será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas y medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres para eliminar la brecha de género, en especial la salarial, en los sectores público, privado y social.

Asimismo, define la igualdad salarial como la remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinguir sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, entre otras.

Se instituye que las autoridades correspondientes, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, desarrollen acciones tendientes a disminuir y erradicar la brecha salarial de género. Y expidan certificados de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación y operar un padrón nacional de centros de trabajo certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación, en los términos de la normatividad aplicable.

También establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia que ésta es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política, en materia de protección del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y los deberes reforzados del Estado, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Para garantizar el derecho a una vida libre de violencias, indica, se crea el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños como un instrumento de política pública tendiente a la erradicación de las violencias en contra de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Las medidas u órdenes de protección tienen como propósito prevenir o hacer cesar un acto de violencia, o impedir la comisión de un nuevo acto de violencia o delito.

Precisa que las medias u órdenes de protección administrativas podrán consistir en casos de peligro inminente o extrema urgencia, el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad podrá determinar la desocupación inmediata por la persona agresora, del domicilio conyugal de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo.

Se incorpora un Capítulo VII “Del Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños” como un mecanismo institucional de coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de seguridad, procuración administración de justicia. 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana administrar y coordinar la operación de dicho Registro Nacional, mientras que a la Secretaría de las Mujeres crear indicadores, dar seguimiento y evaluar el Registro.

La base de datos del Registro nacional formará parte del Sistema Nacional de Información.  Las autoridades administrativas, las fiscalías, los poderes judiciales federales y locales tendrán acceso a la plataforma del Registro Nacional, para garantizar la continuidad, efectividad y no interrupción de las medidas u órdenes de protección

Corresponderá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementar de manera directa inmediata las medidas u órdenes de protección necesarias para salvaguardar la vida, integridad, libertad seguridad de las víctimas, sin condicionarlas a la presentación de una denuncia o querella. Tratándose de delitos relacionados con violencias de género contra las mujeres, la información deberá incorporarse al Registro Nacional.

En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se precisa que los casos de violencia vicaria, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Por otra parte, ayer el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aparecen con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 para liquidar y cerrar su extinción.

“El INAI tiene 500 millones para prever los meses que van a continuar hasta en tanto no haya las instituciones, ley reglamentaria, creo que son 180 días, y para liquidación de personas de confianza o por honorarios, o los que quieran hacerlo y tengan un retiro decoroso”, indicó en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.

En el caso de la Cofece, dijo, también se etiquetaron recursos, con base en cálculos que se hicieron en la Comisión de Presupuesto, “y se considera que con esa cantidad asignada logran salir estos seis meses, liquidar y cerrar la extinción”.

Asimismo, comentó que las dependencias del Gobierno Federal que van a tener las funciones de los órganos autónomos que se extinguirán y que absorberán a sus trabajadores –entre ellas la Secretaría Anticorrupción, la Agencia de Transformación Digital y el Inegi– “tienen la capacidad técnica para mantener esa planta productiva y laboral”, y con su presupuesto ajustan para ello.

Consultado sobre el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación, comentó que se hicieron estudios técnicos para ello y que la planta laboral está protegida, “lo que tiene que disminuir son excesos y también súperlujos o gastos superfluos”.

“Se hicieron estudios técnicos en Hacienda y en la Comisión de Presupuesto y va a ajustar, se los aseguro; eso me hace coincidir con la presidenta de la República en su pronunciamiento del día de hoy”, dijo. “No habrá despidos ni cierre de tribunales”, agregó.

El diputado también apuntó que los fideicomisos del Poder Judicial que se van a extinguir “ya están entregándose y se están reintegrando a la Tesorería de la Federación”.

Finalmente, Monreal Ávila destacó que la educación fue uno de los temas prioritarios en las reasignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, con 18 mil millones de pesos.

Rugidos

Cuentas Alegres

La reasignación de partidas presupuestales que dejó al Poder Judicial de la Federación, al sector salud, infraestructura carretera y seguridad pública con menos recursos para su eficaz desempeño no ha dejado a nadie complacido y, mucho menos contento.

Una vez más se confirma que en un país tan grande y con múltiples necesidades como el nuestro, la “cobija presupuestal” no alcanza por lo que habrá que hacer “más con menos” en los próximos 12 meses por venir.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja informó que la reasignación de recursos, permitirá eso sí cumplir a cabalidad con los programas sociales del gobierno federal, sobre todo los correspondientes al apoyo para las personas de la tercera edad, minusválidos y becas escolares.

Para la fracción parlamentaria de MORENA, la redirección de los recursos permitirá que todos los sectores cumplan con sus objetivos dentro del marco de la justa medianía, como lo ha reiterado en más de una ocasión la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.