Selva Política

*Promueve Paola Longoria, Iniciativa Para Prevenir la Discriminación en el Deporte

*Piden Actualizar Datos de Menores que Viven con sus Madres, en Penales del País

La diputada Paola Michell Longoria López (MC), presidenta de la Comisión del Deporte, informó que promueve una iniciativa, con el fin de establecer, de manera clara y obligatoria, que las autoridades deportivas, a niveles federal, estatal y municipal, implementen acciones concretas para prevenir, proteger y gestionar situaciones de acoso y discriminación dentro del deporte. “Con esto, las y los atletas tendrán una primera instancia que deberá brindarles protección y guiar en el proceso de una denuncia ante las autoridades correspondientes”, precisó. En conferencia de prensa detalló que la iniciativa busca adicionar la fracción X al Artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de que las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno se coordinen entre sí y con instituciones del sector público y privado, para implementar las acciones necesarias en materia de prevención discriminación por razones de género, así como la atención y gestión de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. Longoria López indicó que existen más de 30 mil casos de acoso en el ámbito deportivo, y las victimas han sido silenciadas y sus agresores viven con impunidad. “Esta reforma no es un capricho, se trata de un compromiso real con quienes, día a día, entrenan con disciplina y sueñan con representar a nuestro país”, aseveró. “Como deportista y diputada, mi compromiso siempre va a estar de lado del deporte, de las víctimas, pero sobre todo de la justicia”, manifestó.

Por otra parte, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN, presentó una iniciativa para que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus equivalentes en los estados, coordinen la vigilancia y verifiquen la actualización del debido acceso y ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios. Asimismo, supervisen, en coordinación con las autoridades penitenciarias, una base de datos actualizada de las niñas y niños que nacen y/o viven con sus madres en dichos centros. En la exposición de motivos precisa que ambas propuestas buscan visibilizar las condiciones en las que viven y se desarrollan cada día las niñas y niños que acompañan a sus madres en los centros penitenciarios, que evidentemente no son las más adecuadas, pues los menores crean su propio mundo entre cuatro paredes, y durante años han nacido y crecido dentro de las cárceles, incluso el espacio donde se encuentran es alarmante. El documento, que reforma y adiciona fracciones del artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen. Expone que según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, emitido por el Inegi, ese año ingresaron dos mil 947 personas a los reclusorios federales y 144,855 a los estatales, dando un total de 147, 802 personas internadas. Precisa que al cierre de 2023 la cantidad de mujeres embarazadas privadas de la libertad fue de 282 a nivel nacional, de las cuales el 56.4 por ciento se encontraba en periodo de lactancia, que comparado con el año anterior representó un aumento de 9.3 por ciento. Además, se registraron 343 mujeres que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años y la Ciudad de México concentró la mayor cantidad de menores de seis años que permanecieron con sus madres. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos identificó que de los 281 centros penitenciarios y de reinserción social en todo el país, al menos 12 entidades no cuentan con centro específico para las mujeres, como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde las mujeres recluidas se mantienen en espacios mixtos. La diputada Luna Ayala hace notar que las propuestas contenidas en su iniciativa abonarían a la claridad y certeza sobre la información referente a las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad.

En otro tema, ayer el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) respaldó a trabajadoras y trabajadores de los sectores salud y educativo, que denuncian que, de manera unilateral, se les realizaron cobros adicionales a lo correspondiente a sus créditos del Fovissste. En conferencia de prensa, recordó que, en septiembre de 2023, se les comenzó a descontar a los trabajadores burocráticos, aplicando el artículo 20 de la Ley del ISSSTE, más de lo que se establecía en el crédito original y se realizó el descuento sobre el salario integrado y no sobre el salario base. “Se vieron afectados miles de trabajadores de las dependencias de salud federal, de la Cámara de Diputados y trabajadores burocráticos federales y se tuvo que recurrir al amparo y la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor para que a los trabajadores del Fovissste les sea devuelto el dinero que se les descontó de más”, señaló. Además, dijo, se creó un criterio de la SCJN para que no se lleven a cabo este tipo de descuentos y los que corresponden a los créditos hipotecarios se apliquen sobre el salario base y no sobre el salario integrado. Expresó su respaldo el decretó que firmó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del cual se beneficiarán a 400 mil trabajadores del Estado que actualmente tienen créditos impagables del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a quienes se les otorgarán congelamientos, quitas, reducción de intereses y condonaciones de saldos. No obstante, Carvajal Hidalgo sostuvo que serán vigilantes de la aplicación de este decreto y del cumplimiento de la sentencia de amparo que generó la SCJN. Trabajadoras y trabajadores afectados acusaron que, de manera unilateral, se efectuaron esos descuentos extras a los de sus créditos del Fovissste, sin avisar y algunos, bajo otros conceptos. Demandaron a las autoridades revisar el tema de los intereses y la eliminación de las UMAS, ya que esto genera que paguen más, por lo que consideraron que el Fovissste ha dejado de ser una institución de carácter social.

De salida les informamos que la diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez (Morena) planteó que la política cultural del Estado tenga la obligación de revisar, actualizar y adecuar periódicamente las exposiciones permanentes, los textos museográficos y los contenidos oficiales de museos, archivos históricos y bibliotecas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad. Lo anterior, para visibilizar el papel de las mujeres, de los pueblos originarios y de otros grupos de atención prioritaria, promoviendo una cultura más inclusiva. Los cambios propuestos a los artículos 5, 6, 7, 12, 15 y 37 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales proponen que la Federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México apliquen medidas que garanticen la adecuación de las exposiciones, acervos y materiales de museos, archivos históricos y bibliotecas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad, en coordinación con especialistas y organizaciones de la sociedad civil en la materia. Asimismo, en el desarrollo de acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, se deberá garantizar que los contenidos históricos y culturales reflejen la diversidad de la sociedad mexicana, incluyendo el reconocimiento de las aportaciones de mujeres, pueblos originarios y otros grupos de atención prioritaria. Se precisa que se deberá garantizar la consulta y participación de organizaciones y especialistas en materia de género e interseccionalidad en los procesos de revisión, adecuación y actualización de los contenidos culturales de museos, archivos y bibliotecas públicas. El documento, turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su estudio, subraya que en México los espacios culturales --museos, archivos históricos y bibliotecas-- han sido construidos desde narrativas hegemónicas que tradicionalmente han invisibilizado o minimizado las aportaciones históricas, sociales y culturales de las mujeres, pueblos originarios y otros grupos de atención prioritaria. Esta situación, agrega, perpetúa una brecha de desigualdad y afecta el pleno ejercicio de los derechos culturales al reproducir discursos que excluyen la diversidad de la sociedad mexicana y no reflejan el principio de equidad e inclusión que debería regir la política cultural del Estado. La falta de una representación incluyente no solo perpetúa la desigualdad sino que limita el desarrollo de una cultura de derechos humanos; por ello, establecer la obligación legal de actualizar los contenidos culturales no solo fortalece la política, sino que garantiza la construcción de una memoria colectiva más justa y equitativa. Aclara que la aprobación de la presente iniciativa no implicaría la creación de nuevas unidades administrativas, ni plazas en la administración pública, ni nuevas instituciones o programas de gasto, por lo que no requiere ampliaciones presupuestarias.

Rugidos

¿Abstencionismo?

La ministra Lenia Batres le ha puesto número a los ciudadanos que se espera participen en el proceso electivo del próximo 1 de junio, de donde saldrán los nuevos jueces, magistrados y ministros.

La polémica ministra asegura que participarán en todo el país cerca de 10 millones de mexicanos, los cuales están convencidos de que elegir a través del voto libre, directo y secreto a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, es lo mejor que le haya podido pasar al país.

Para muchos, 10 millones de electores son muchos y muy buen número; para otro tanto, esa cifra no representa el sentir democrático que exige un proceso tan complejo como el que se está preparando.

De todos es sabido que preocupa al gobierno y militantes de MORENA, el que sea poca o casi nula la participación. De ahí que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, violando la determinación del INE, llame a los ciudadanos a participar en el controvertido proceso que no se sabe si dará vida o terminará por matar al Poder Judicial de la Federación de nuestro país.