Turquía, ante la incógnita del costo político del s de hace un mes
Un mes después de los terremotos que han dejado 46.000 muertos en Turquía, el país sigue haciendo balance de los daños y del coste político que la gestión de la tragedia puede tener para el presidente, Recep Tayyip Erdogan, de cara a las elecciones de esta primavera.
Pese a que ya se han iniciado los primeros trabajos para edificar decenas de miles de nuevas viviendas en las 11 provincias afectadas por los seísmos del 6 de febrero, la gigantesca tarea de quitar los escombros apenas ha comenzado, mientras siguen sin hogar cientos de miles de personas, situación que supone un desafío para los organizadores de los comicios generales.
EL SURESTE, HUNDIDO EN ESCOMBROS
Así, la ciudad de Antioquía, la más devastada por los temblores, prácticamente presenta aún el mismo aspecto de aniquilación que tuvo inmediatemente después de los fuertes terremotos que la asolaron, salvo algunas calles principales de las que las excavadoras han retirado escombros para facilitar el tráfico.
Pero el casco histórico está aún enteramente cerrado a los viandantes, con cascotes taponando todas las calles que se adentran en esta parte centenaria de la ciudad.
Apenas algunas cintas de la policía indican que está prohibido aventurarse entre los edificios y en algunas partes hay vigilantes para disuadir a quien lo intente.
El peligro es real: cualquier réplica, por modesta que sea, puede derribar un inmueble dañado, como ocurrió ayer domingo en la ciudad de Sanliurfa, donde un bloque de seis plantas al lado de una calle transitada se desplomó de repente.
Los cascotes solo causaron heridas leves a un transeúnte, pero el incidente suscitó críticas al Ayuntamiento por no haber demolido aún el edificio, pese a que estaba categorizado como gravemente dañado y destinado a derribo.
En total, según informó ayer el ministro de Urbanismo, Murat Kurum, 227.000 inmuebles en la región han sido clasificados como derrumbados o sujetos a demolición urgente para evitar peligros, aunque no especificó si esta cifra es definitiva.
La institución pública del seguro obligatorio contra terremotos DASK dio a conocer hoy que ha recibido ya 327.000 informes de inmuebles perjudicados y que ha pagado sumas por valor de 2.050 millones de liras, equivalentes a unos 100 millones de euros.
UNA VOTACIÓN INCIERTA
Más difícil de evaluar que el perjuicio económico es el daño que el sismo ha causado al partido que gobierna desde hace 20 años, el islamista AKP, y a su líder, el jefe de Estado y Gobierno del país, Recep Tayyip Erdogan, cuando falta previsiblemente poco más de dos meses para las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Ya antes del terremoto, la popularidad de Erdogan había bajado paulatinamente, de forma paralela a la depreciación de la lira turca y al incremento de la inflación, hasta el punto de que la coalición opositora, compuesta esencialmente por socialdemócratas y nacionalistas moderados, tenía buenas cartas para ganar, según los sondeos.
La respuesta de los servicios públicos de emergencia al terremoto ha sido criticada por numerosos damnificados, que se quejan de que en muchas zonas, los equipos de rescate y ayuda tardaron más de un día en aparecer.
Pero los primeros sondeos realizados después del desastre solo señalan una ligera bajada adicional de la intención de voto a Erdogan para los comicios que teóricamente debían celebrarse el 18 de junio, si bien Erdogan ha dejado entrever que mantiene su intención de convocar elecciones anticipadas para el 14 de mayo.
La decisión no ha sido tomada aún formalmente y hay voces que piden retrasarlas un año, por las dificultades que supondría organizar la cita con las urnas en las regiones devastadas.
Teóricamente, solo se pueden atrasar elecciones en caso de guerra, pero el reto de facilitar el derecho de voto a las dos millones de personas que han tenido que abandonar las provincias afectadas, sin contar a los que se han desplazado internamente, es considerable.
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